El plan del régimen egipcio de ampliar los poderes del ejército en materia de seguridad mediante una nueva ley aprobada por el Parlamento ha provocado la ira generalizada de los activistas de derechos humanos.
El Parlamento aprobó el domingo las enmiendas a la ley nacional contra el terrorismo, en virtud de las cuales el ejército y la policía tendrán la responsabilidad permanente de proteger las infraestructuras públicas, cediéndoles esencialmente el control de instalaciones como gasoductos, campos petrolíferos, centrales eléctricas, carreteras, puentes y vías férreas. También estipula que cualquier persona acusada de invadir o dañar dichas infraestructuras será procesada por los tribunales militares.
Las enmiendas otorgan al presidente egipcio la autoridad para tomar "las medidas necesarias para preservar la seguridad y el orden público", incluida la imposición de toques de queda.
Por otra parte, aunque algunos defensores de los derechos han acogido con satisfacción la reciente abolición del estado de excepción, muchos han criticado el plan del gobierno en materia de derechos humanos, calificando la medida de "mera maniobra de relaciones públicas". Señalaron que las enmiendas otorgan al presidente y a los militares algunos poderes similares a los que tenían bajo el estado de excepción ahora levantado.
Los partidarios del régimen, sin embargo, sostienen que la nueva legislación es un "derecho inherente al Estado... en el marco de la protección de sus bienes y propiedades contra el robo, el daño y el vandalismo".
Los cambios en la ley se producen en un momento en el que Egipto ha intentado frenar lo que los medios de comunicación internacionales han calificado de "violaciones de los derechos humanos", tras estar bajo el escrutinio de Estados Unidos y Europa.
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