La Asociación de Jueces Tunecinos pidió ayer a la Fiscalía que investigue las "campañas sistemáticas de desprestigio en Internet" contra varios de sus miembros que han hablado con los medios de comunicación.
La asociación dijo en un comunicado que los jueces judiciales, administrativos y financieros hablan con los medios de comunicación como parte de su deber de informar al público sobre su trabajo y el contenido de los informes oficiales emitidos por el poder judicial.
Añadió que los jueces expresan su opinión, de acuerdo con sus derechos garantizados por la Constitución.
La asociación advirtió que las campañas de desprestigio afectarán a la reputación de los jueces y a su posición en la judicatura y en la sociedad, además de debilitar las garantías de independencia de que gozan y amenazar su seguridad e integridad física.
Además, pidió al presidente Kais Saied y a todas las instituciones estatales pertinentes que condenen los discursos de violencia, odio, difamación e incitación para preservar las instituciones del Estado, la seguridad pública y la paz social.
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Saied ha tenido un poder casi total desde el 25 de julio, cuando destituyó al primer ministro, suspendió el parlamento y asumió la autoridad ejecutiva alegando una emergencia nacional.
El 29 de septiembre nombró un primer ministro y desde entonces se ha formado un gobierno.
La mayoría de los partidos políticos del país criticaron la medida como un "golpe de estado contra la Constitución" y los logros de la revolución de 2011. Los críticos afirman que las decisiones de Saied han reforzado los poderes de la presidencia en detrimento del parlamento y el gobierno, y que pretende transformar el gobierno del país en un sistema presidencialista.
En más de una ocasión, Saied, que inició un mandato presidencial de cinco años en 2019, dijo que sus decisiones excepcionales no son un golpe de Estado, sino medidas en el marco de la Constitución para proteger al Estado de un "peligro inminente".