Los responsables de las seis organizaciones palestinas de derechos humanos incluidas recientemente en la lista negra de Israel han hablado largo y tendido sobre la decisión ante una audiencia mundial convocada por algunos de los más destacados think tanks de Washington. Revelaron que el Estado ocupante había utilizado "pruebas" secretas obtenidas mediante tortura y mentiras al hacer la designación de "terroristas".
La reunión fue convocada por las influyentes organizaciones estadounidenses Middle East Institute, Foundation for Middle East Peace, Carnegie Endowment for International Peace, Democracy for the Arab World Now (DAWN), Century International e International Crisis Group.
La decisión del ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, de calificar a los grupos como "terroristas" ha sido recibida con una condena casi universal. Se ha especulado sobre sus motivos, así como sobre los serios recelos que suscita el expediente enviado a Estados Unidos y a la UE para justificar su medida autoritaria.
Durante la reunión virtual de hace unos días, los representantes de los seis grupos revelaron que las "supuestas pruebas" secretas contra ellos se basan en parte en confesiones de presos obtenidas bajo tortura. Estas "pruebas" ya han sido ridiculizadas por los europeos.
Al parecer, Israel presentó sus alegaciones contra las organizaciones hace meses a los gobiernos europeos y a los financiadores que patrocinan los grupos. Los funcionarios belgas investigaron y rechazaron las acusaciones como "propaganda" y "mentiras".
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"Esto es terrorismo de Estado en su mejor momento", dijo Ubai Al-Aboudi, del Centro Bisan para la Investigación y el Desarrollo, señalando el rechazo europeo de las pruebas. "Presentaron su supuesto dossier de pruebas en mayo a través de los belgas. Los belgas hicieron su propia investigación. El ministro belga encargado de la cooperación internacional se presentó ante el Parlamento y dijo que esto es propaganda... No hay ninguna prueba en el expediente".
Otros repitieron la afirmación hecha recientemente de que la medida israelí es una contramedida contra una investigación iniciada por la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad del Estado ocupante. "Creemos que hay una razón política detrás de esta decisión", dijo Khaled Quzmar, de Defensa de los Niños Internacional - Palestina. "Sabemos que, debido a nuestro trabajo en Estados Unidos y en la CPI, están intentando silenciarnos o prohibirnos continuar con nuestra misión".
Quzmar afirmó que su organización había cruzado las "líneas rojas" de Israel cuando empezó a dar información a la CPI y al Congreso de Estados Unidos, incluida la representante Betty McCollum. La legisladora demócrata ha criticado la decisión israelí, afirmando que la etiqueta de "terrorista" se está utilizando como arma para silenciar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos.
Los representantes del grupo en la reunión virtual se hicieron eco de la afirmación de McCollum. Uno de ellos dijo que todo el caso es una manipulación de las leyes antiterroristas para castigar a "las organizaciones de derechos humanos que luchan con su pueblo para lograr la autodeterminación". Israel ha utilizado estas leyes durante décadas para atacar a los críticos y para avanzar en su anexión de Cisjordania y Jerusalén.
Los grupos de derechos humanos pidieron a Estados Unidos que presionara a Israel para que retirara la designación.