Desde su fundación en 1948, el "Estado de Israel" ha promovido una intensa campaña para borrar la historia, la cultura y la resistencia palestinas en todos sus frentes. Organizaciones de derechos humanos como el Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) y activistas de todo el mundo son el objetivo constante de esta embestida.
Recientemente, "Israel" atacó frontalmente al movimiento palestino de derechos humanos, designando a seis organizaciones no gubernamentales (ONG) como "grupos terroristas" con el objetivo de silenciar, restringir e interrumpir el trabajo que realizan. Si las ONG de derechos humanos son "terroristas", ¿cómo deberíamos designar al "Estado de Israel" que practica violaciones del derecho humanitario, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y apartheid?
La designación de "terroristas" anunciada por el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, basada en una ley draconiana de 1996, tiene como objetivo castigar a los palestinos por lanzar piedras, luchar contra la policía, llevar la bandera y corear consignas en defensa de los palestinos, o incluso por publicar y compartir posts en Facebook e Instagram, dos plataformas contrarias a la causa de la liberación del pueblo palestino.
La legislación "antiterrorista" autoriza a los sionistas a cerrar oficinas, confiscar bienes y encarcelar a los directores y empleados de las entidades. El ministro Gantz afirma que esas organizaciones formarían parte de una red de apoyo al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), que supuestamente pide la "destrucción de Israel mediante actos terroristas". Sin embargo, el ministro israelí no ha aportado ninguna prueba que confirme sus afirmaciones.
El ministro que designó a organizaciones de reputación internacional como "terroristas" es el que comanda las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que llevan a cabo detenciones, asesinatos, genocidio y limpieza étnica en los territorios ocupados. Las organizaciones atacadas por Gantz son precisamente las que denuncian que miles de niños palestinos son detenidos cada año y que se utilizan técnicas y métodos de tortura en los interrogatorios realizados por "Israel", en una evidente violación fundamental de los derechos humanos de los palestinos.
Las organizaciones afectadas son la Asociación de Apoyo a los Prisioneros y Derechos Humanos (Addameer), cuya página web actualiza frecuentemente la situación de los presos políticos palestinos; Al-Haq, que defiende los derechos humanos de los palestinos desde 1979; Defensa de los Niños Internacional (DCI), que trabaja por los derechos de los niños desde hace 35 años; la Unión de Comités de Trabajo Agrícola (UAWC); el Centro Bisan de Investigación y Desarrollo y la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, vinculada a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).
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Se trata de grupos humanitarios y de derechos humanos respetados internacionalmente. Cooperan con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) e importantes tribunales de justicia internacionales, como la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con las que mantienen una colaboración para proporcionar información, investigaciones y estudios sobre las constantes violaciones de derechos por parte de la ocupación sionista.
La medida arbitraria del Ministerio de Defensa de "Israel", adoptada el 22 de octubre, llevó a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a emitir una declaración: "Defender los derechos ante la ONU y cualquier otra entidad internacional no es un acto de terrorismo, defender los derechos de las mujeres no es terrorismo y prestar asistencia jurídica a los palestinos detenidos tampoco es terrorismo".
"Israel" sí es un Estado terrorista que actúa violando el derecho internacional, amenaza y viola los derechos de los palestinos, como denunció en julio de este año Human Rights Watch (HRW). Con la publicación de un informe, la organización pone en conocimiento de la opinión pública el apartheid, los crímenes de guerra y la violación del derecho internacional y del derecho internacional humanitario promovidos por el Estado israelí, hechos documentados desde hace décadas por diversas instituciones internacionales de derechos humanos.
El informe de 213 páginas de HRW denuncia con abundantes pruebas que "Israel" actúa como un "estado" que goza de impunidad y, para ello, cuenta con el apoyo absoluto de EE.UU. A su vez, EE.UU. lo protege del castigo y le permite seguir cometiendo crímenes de guerra y contra la humanidad, como los reiterados asesinatos, detenciones, desplazamientos, violaciones de lugares sagrados para cristianos y musulmanes y el robo de tierras y recursos naturales, como las fuentes de agua palestinas.
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HRW y Amnistía Internacional advirtieron de la: "Alarmante escalada que amenaza con cerrar el trabajo de las organizaciones más destacadas de la sociedad civil palestina". Otro comunicado, firmado por más de 250 grupos de derechos humanos de todo el mundo, denuncia que la medida: "Se produce en el contexto de la continuación de la ocupación y de los ataques del Estado de apartheid contra los derechos humanos del pueblo palestino, especialmente su derecho a luchar, por todos los medios, por la libertad, el retorno, la autodeterminación y la construcción de su Estado palestino independiente".
Desde 1967, "Israel" ha prohibido más de 400 organizaciones palestinas e internacionales, incluidas las benéficas y los medios de comunicación, por considerarlas "hostiles" o "ilegales". Eso incluye a partidos políticos como Fatah, que gobierna la Autoridad Palestina (AP) y la OLP, con la que "Israel" firmó los Acuerdos de Oslo en 1993. Las acusaciones más recurrentes son por supuesto "terrorismo" y "antisemitismo".
"Israel" viene adoptando desde su fundación una legislación racista para relegar a los árabes palestinos que viven en la región a un régimen de democracia de pega, negándoles la igualdad de derechos políticos y sometiéndolos a una permanente y odiosa discriminación en diferentes ámbitos. Esto convierte a los palestinos en ciudadanos de segunda clase frente al apartheid de la supremacía judía.
La comunidad internacional debe replantearse su implicación con el régimen sionista y adoptar enfoques centrados en la defensa de los derechos humanos de los palestinos. Debe castigar al "Estado judío" por sus constantes violaciones y establecer una Comisión de Investigación de la ONU para investigar la discriminación y la represión sistemática de "Israel" contra los palestinos y sus organizaciones humanitarias.
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