El Tribunal de Apelación de Túnez dictaminó el martes que dos civiles podían ser juzgados por tribunales militares.
Los legisladores Saif Eddine Makhlouf y Nidal Saudi habían recurrido la decisión de que fueran juzgados por tribunales militares. Sin embargo, los jueces dictaminaron que los tribunales militares son competentes para juzgar a civiles.
En septiembre, un juez militar encarceló a Saudi y Makhlouf, del Partido Karama, elevando a cinco el número de diputados encarcelados. Makhlouf es un crítico habitual del presidente Kais Saied.
La decisión del tribunal de apelación ha suscitado numerosas críticas y el rechazo de abogados, políticos y defensores de los derechos humanos, que han declarado que la sentencia marca un "día negro en la historia del poder judicial".
Anteriormente, el domingo, Saied se reunió con los máximos órganos judiciales del país, lo que desató una amplia controversia al considerarse un intento público del presidente de interferir y controlar el poder judicial.
Saied ostenta un poder casi total desde el 25 de julio, cuando destituyó al primer ministro, suspendió el Parlamento y asumió la autoridad ejecutiva alegando una emergencia nacional.
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El 29 de septiembre nombró un primer ministro y desde entonces se ha formado un gobierno.
La mayoría de los partidos políticos del país criticaron la medida como un "golpe contra la Constitución" y los logros de la revolución de 2011. Los críticos afirman que las decisiones de Saied han reforzado los poderes de la presidencia en detrimento del parlamento y el gobierno, y que pretende transformar el gobierno del país en un sistema presidencialista.
En más de una ocasión, Saied, que inició un mandato presidencial de cinco años en 2019, dijo que sus decisiones excepcionales no son un golpe de Estado, sino medidas en el marco de la Constitución para proteger al Estado de un "peligro inminente".