La Asociación de Magistrados Administrativos de Túnez, de carácter no gubernamental, ha lanzado una advertencia sobre el recorte de la reforma judicial y ha denunciado lo que denomina campañas sistemáticas de difamación contra los jueces por sus opiniones, según ha informado Anadolu. La asociación rechazó cualquier violación del Consejo Superior de la Magistratura del país, un órgano constitucional independiente.
En los últimos días, varios órganos judiciales han anunciado rechazos similares a las actitudes y declaraciones del presidente Kais Saied sobre la judicatura. Los magistrados pidieron a Saied "que no viole los logros constitucionales incluidos en el capítulo de la autoridad judicial".
Además, la asociación condenó "la ausencia de un plan claro y global por parte de la autoridad política para reformar el poder judicial, y la reducción del concepto de reforma a ["purificación"]... donde invertir en el poder judicial es la única manera de construir una verdadera democracia". Pidió una reforma "urgente y necesaria" del sistema judicial que corresponda a los controles constitucionales, lejos de las querellas políticas, y expresó su "voluntad de participar en todas las formas de lucha para oponerse a toda injerencia en el trabajo del poder judicial".
Ayer, el jefe del Consejo Superior de la Magistratura, Youssef Bouzacher, también rechazó la violación de la estructura constitucional del poder judicial, ya que es el garante de su independencia.
"Hay múltiples peticiones de disolución del Consejo Superior de la Magistratura apoyadas por organismos políticos y académicos", dijo Bouzacher a los participantes en un seminario. Sin embargo, no nombró los organismos mencionados. No obstante, reconoció la existencia de "inconvenientes" en el funcionamiento del consejo y se mostró dispuesto a una reforma. "Ésta debe ser participativa y no llevarse a cabo en este periodo excepcional que vive el país".
Túnez atraviesa una crisis política desde el 25 de julio, cuando Saied impuso algunas medidas excepcionales, como la asunción del poder ejecutivo y la promulgación de leyes por decreto presidencial. La mayoría de los grupos políticos del país rechazan las medidas, y las consideran un "golpe de Estado contra la Constitución". Los que sí las apoyan las ven como una "corrección del rumbo de la revolución de 2011" que derrocó al presidente Zine El Abidine Ben Ali.
Saied inició en 2019 un mandato presidencial de cinco años. "Se han tomado medidas en el marco de la Constitución para proteger al Estado de un peligro inminente", insiste. "Los derechos no serán perjudicados".
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