Decenas de periodistas egipcios que han solicitado la afiliación a su sindicato profesional han sido rechazados sin motivo, ha informado Al-Araby Al-Jadeed.
Al mismo tiempo, varios empleados de periódicos, pero que desempeñan otros trabajos, como secretarios, fueron aceptados en el sindicato por recomendación de sus directores, añadió el sitio de noticias.
El diputado Mahmoud Badr es una de las figuras más destacadas que han sido aceptadas, a pesar de que ha trabajado en política durante diez años y nunca ha sido periodista.
En 2019, Badr votó a favor de las enmiendas a la Constitución que permitieron a Abdel Fattah Al-Sisi seguir siendo presidente más allá de su segundo mandato.
También se aceptó la solicitud de adhesión del diputado Marcel Samir.
Este ha sido un problema constante en el país, ya que a los periodistas egipcios que viven en el extranjero se les ha cancelado su afiliación.
En 2016, las fuerzas de seguridad detuvieron a destacados miembros del sindicato, lo que se calificó de "sin precedentes" en su historia.
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En mayo de ese año, 40 policías allanaron la oficina del sindicato y detuvieron a dos periodistas Mahmoud Sakka y Amr Badr, que se habían escondido allí tras ser acusados de publicar noticias falsas e incitar a las protestas.
Según el último informe del Comité para la Protección de la Justicia, Egipto es el tercer país del mundo que peor encarcela a los periodistas, con unos 25 reporteros entre rejas.
Libertad de prensa en Egipto - Caricatura [Latuff/MiddleEastMonitor].
La mayoría de ellos están acusados de unirse a grupos terroristas y publicar noticias falsas, y permanecen en prisión preventiva.
El gobierno egipcio trata de controlar estrictamente la narrativa sobre ciertos temas, por ejemplo, la pandemia de coronavirus, y cuando un periodista se desvía de ella, se enfrenta a penas de cárcel.
Algunos periodistas han sido remitidos a los tribunales de seguridad del estado de emergencia, donde las sentencias no pueden ser apeladas. Recientemente, los periodistas Hossam Monis y Hisham Fouad han sido condenados a cuatro años de prisión por conspirar para cometer delitos con un grupo proscrito. Amnistía Internacional dijo que sus sentencias eran el resultado de sus "actividades políticas pacíficas".
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