El gobierno indio ha decidido esta semana cerrar la Gran Mezquita de Srinagar, en la Cachemira administrada por la India. Este acto es el último de una campaña de dos años de represión por parte de las autoridades indias contra la población musulmana de Cachemira.
La mezquita, de 600 años de antigüedad, está cerrada por primera vez en su historia. Durante siglos, la mezquita Jamia, como se la conoce, ha sido utilizada por los lugareños, sus antepasados, eruditos y maestros espirituales para rendir culto.
El cierre de esta histórica mezquita ha puesto en tela de juicio, naturalmente, la política de derechos humanos y libertad religiosa del gobierno de Narendra Modi. Ante la condena generalizada, las autoridades indias afirman que la mezquita es un punto conflictivo, un centro neurálgico de protestas y enfrentamientos que desafían la soberanía de India sobre la disputada región de Cachemira.
Además de restringir la entrada a los lugares sagrados para rezar, el pasado mes de enero el gobierno también bloqueó las líneas telefónicas y el acceso a Internet. Las organizaciones internacionales han denunciado con frecuencia los abusos. Human Rights Watch ha informado de ello: "El gobierno tenía mucho miedo a las críticas. Por eso restringió los derechos de los cachemires a compartir noticias de nacimientos o muertes, llamar a sus médicos, pedir suministros, investigar trabajos de fin de curso, declarar impuestos y comerciar con manzanas y nueces".
Estas restricciones actuales son las más severas desde que la región se dividió entre India y Pakistán después de que ambas naciones se independizaran del colonialismo británico en 1947.
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Durante una conferencia sobre derechos humanos celebrada en Estambul en 2018, el secretario general del Foro Mundial de Concienciación sobre Cachemira, con sede en Washington, el doctor Ghulam Nabi Fai, me explicó con detalle gráfico la represión de los cachemires. Recordó que 144 niños habían sido detenidos en 2018 por 900.000 fuerzas militares y paramilitares indias.
El Dr. Fai señaló que mientras se proclaman los derechos humanos, le parece increíble que se vulneren de forma tan rutinaria en Cachemira y en todo el mundo. Expresó: "Pensemos en las atrocidades contra los derechos humanos que se están cometiendo y que no se sancionan. Myanmar, donde la población civil musulmana es expulsada rutinariamente de sus hogares y las ciudades son constantemente destruidas. Un trágico genocidio en Siria. En el siglo XX, el genocidio de Srebrenica en la sociedad europea moderna. Muerte y destrucción en Yemen. Negación de la demanda palestina de ejercer el derecho de autodeterminación. La lista es interminable".
Según el Dr. Fai, Cachemira es como un genocidio en cámara lenta que se desarrolla: "Hay una sensación constante de que falta algo en la vida de la gente, ya que se les restringe incluso sus derechos humanos básicos, como la educación".
Las organizaciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), deben mostrar todo su apoyo a Cachemira. El presidente de la Asamblea General de la ONU, el embajador Volkan Bozkir, prometió convertirse en la voz de los oprimidos de todo el mundo el pasado mes de septiembre, cuando se comprometió: "Los pueblos necesitados o sometidos a la opresión deben sentir que sus preocupaciones son escuchadas en el órgano más democrático de la ONU. Trabajaré para que las voces de los pueblos del mundo se escuchen en nuestros debates".
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El año pasado, el presidente de Azad Kashmir, Sardar Masood Khan, habló sobre las políticas de Modi en la conferencia de MEMO, "Cachemira y Palestina: La destrucción del patrimonio cultural indígena", señalando que Cachemira se encontraba en una fase de persecución. También destacó que mientras Palestina recibía un amplio apoyo internacional, Cachemira no obtenía el mismo nivel de atención. Al destacar este punto, Khan quiso expresar el papel de la ONU en la defensa de Cachemira. Afirmó que la organización tiene la obligación de honrar las voces y los derechos de los pueblos de Palestina y Cachemira en su lucha por el derecho a la autodeterminación.
Más recientemente, la detención por parte de India del mundialmente conocido activista de derechos humanos Khurram Parvez el 21 de noviembre es evidentemente una afrenta a la justicia.
Por ello, Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, tuiteó "Él (Khurram Parvez) no es un terrorista. Es un defensor de los derechos humanos".
El gobierno de Modi debería entender que el pueblo de Jammu y Cachemira no ha olvidado que en abril de 1948, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 47, prometiendo: "El futuro de Cachemira lo decidirán sus habitantes". En lugar de disuadir al pueblo de Cachemira de perseguir su derecho a la autodeterminación, el cierre de la Gran Mezquita de Srinagar sólo añadirá otra mancha al oscuro legado de represión de Modi.
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