Desde la toma del poder por parte de los talibanes y la posterior retirada de Estados Unidos en agosto, la situación en Afganistán ha evolucionado drásticamente. A falta de un acuerdo negociado, estaba claro que, si bien se esperaba una toma de posesión por parte de los talibanes, su forma y rapidez no lo eran. Ahora que el movimiento está en el poder, incluso dentro de los límites de su actual configuración provisional, el reconocimiento del gobierno talibán puede no depender necesariamente de la inclusión, sino de si puede cumplir en términos de gobernanza, derechos humanos y de las mujeres, libertad política, paz y estabilidad regionales y, lo que es más importante, garantías en materia de lucha contra el terrorismo.
A nivel interno, los talibanes no sólo han heredado unas instituciones débiles, sino también una economía inexistente, a lo que hay que añadir una crisis humanitaria en ciernes. En resumen, el grupo está luchando por consolidar su poder, formular políticas hacia las instituciones afganas y garantizar la contención de una catástrofe humanitaria.
Por tanto, la verdadera prueba para el grupo no ha hecho más que empezar; no se trata en absoluto de asegurar el poder, sino más bien de la legitimidad y la actuación. Cada día que pasa, Afganistán se acerca más a la previsible crisis humanitaria con el colapso de su economía debido a las sanciones financieras impuestas por Occidente a los talibanes. Éstas han paralizado el sistema bancario, afectando a todos los aspectos de la economía. Aunque ningún país ha reconocido el régimen político, los talibanes se han puesto en contacto con la comunidad internacional a través de Qatar y directamente con los países de la región. Parece que, en este momento, el grupo puede no estar buscando el reconocimiento, sino el compromiso -el reconocimiento de facto-, así como la ayuda humanitaria y financiera. Aunque el suministro de ayuda humanitaria a Afganistán por parte de algunos países ha sido tranquilizador, no es suficiente para mantener a la población.
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En unas circunstancias tan graves, es importante que la comunidad internacional se aleje de la política e impulse un esfuerzo consolidado para garantizar que Afganistán no se derrumbe por completo, con todo lo que ello implica en términos humanitarios. Si el gobierno talibán no es capaz de consolidar su posición y garantizar cierta apariencia de estabilidad, el temor no es tanto a una guerra civil como a que elementos terroristas transnacionales se aprovechen de la situación y llenen el vacío de poder. Desde que los talibanes asumieron el poder en agosto, por ejemplo, se ha producido un importante aumento de los atentados perpetrados por los extremistas de la provincia de Jorasán del Estado Islámico (ISKP). "El continuo deterioro de la situación afgana amenaza con aumentar el riesgo de extremismo", dijo el Representante Especial de la ONU para Afganistán. Por ello, mientras Afganistán se enfrenta a problemas internos como la economía y la crisis humanitaria, el terrorismo es una preocupación creciente.
El compromiso es, pues, imperativo. Hay que recordar que los talibanes llegaron al poder gracias al acuerdo de Doha con Estados Unidos, y principalmente bajo la premisa de que Al Qaeda había sido derrotada y de que los talibanes no recibirían a ningún elemento terrorista en su territorio. Sin embargo, al negarse a comprometerse con el grupo, negar la ayuda económica necesaria y congelar los activos financieros de Afganistán -no los de los talibanes, es importante señalar-, ¿cómo se espera que el movimiento gobierne eficazmente y niegue espacio a los terroristas? Esta cuestión debe contemplarse desde una óptica más amplia y no limitada a la política.
Estados Unidos se retira de Afganistán, ¿hacia dónde va esto? - Caricatura [Sabaaneh/MonitordeOriente].
En este sentido, fue alentador ver cómo Pakistán acogía una sesión especial del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Organización de Cooperación Islámica sobre la situación en Afganistán. Esta sesión se convocó por iniciativa del Reino de Arabia Saudí, en su calidad de Presidente de la Cumbre de la OCI, y constituyó la primera y mayor reunión internacional multilateral sobre Afganistán tras la toma del poder por los talibanes. A los representantes de cincuenta y siete Estados miembros de todo el mundo musulmán, incluido Afganistán, se unieron participantes de Estados Unidos, China, Francia, Rusia, Gran Bretaña, la Unión Europea, el Banco Mundial y organismos de ayuda de la ONU.
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El Secretario General de la OCI, Hissein Brahim Taha, pidió que la Misión de la OCI en Kabul recibiera recursos financieros, humanos y logísticos para poder coordinar las operaciones de ayuda humanitaria y de desarrollo en Afganistán. La cumbre también acordó la creación de un Fondo Fiduciario Humanitario, bajo la égida del Banco Islámico de Desarrollo; un Programa de Seguridad Alimentaria para Afganistán; y el nombramiento del Subsecretario General de Asuntos Humanitarios, Culturales y Sociales, el Embajador Tariq Ali Bakheet, como Enviado Especial de la OCI para Afganistán. Varios países se comprometieron a proporcionar una ayuda muy necesaria; sólo Arabia Saudí prometió mil millones de riyales.
Desde el principio, Pakistán ha sido un firme defensor de una solución pacífica del conflicto que ha girado en torno a un acuerdo negociado con los talibanes. Es lamentable que hayan tenido que pasar más de dos décadas de derramamiento de sangre y derroche de recursos para que la comunidad internacional se dé cuenta de ello. Además, Pakistán ha estado a la vanguardia de los esfuerzos para evitar una crisis humanitaria en su vecino, y ha hecho repetidos llamamientos a la comunidad internacional para que no abandone al pueblo afgano, le proporcione ayuda humanitaria y económica y se comprometa con la administración política de Afganistán para evitar el colapso del Estado. Además de acoger a más de 3 millones de refugiados, Islamabad ha proporcionado ayuda humanitaria y ha prometido 5.000 millones de rupias (28 millones de dólares) de ayuda a Kabul.
Durante la sesión de la OCI, el Ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Shah Mehmood Qureshi, instó a la OCI a ayudar a Afganistán y presentó una propuesta de seis puntos: crear un canal dentro de la OCI para enviar ayuda humanitaria y financiera inmediata a Afganistán; aumentar la inversión en educación, sanidad y habilidades técnicas para los jóvenes afganos; establecer un grupo de expertos de la OCI, la ONU y las instituciones financieras internacionales para facilitar el acceso al sistema bancario y aliviar los problemas de liquidez a los que se enfrenta el pueblo afgano; mejorar la seguridad alimentaria; invertir en la creación de capacidades para que las instituciones afganas puedan luchar contra el terrorismo y el narcotráfico; y comprometerse con las autoridades afganas a cumplir las expectativas internacionales en materia de inclusión, derechos humanos y de la mujer, y lucha contra el terrorismo.
Aunque la reunión de la OCI es un paso muy necesario en la dirección correcta, y ciertamente tranquilizador, va a hacer falta mucho más para garantizar que vuelva a haber una cierta apariencia de estabilidad en Afganistán, incluida una economía que funcione. En lugar de hacer recaer la responsabilidad en otros, es necesario centrarse en Afganistán como una responsabilidad compartida entre los dos principales interesados, Estados Unidos y los talibanes.
Dado que estos últimos llegaron al poder como resultado del acuerdo con Estados Unidos, Washington tiene la responsabilidad de garantizar que el Estado no fracase. Del mismo modo, como representante de facto del pueblo afgano, los talibanes deben cumplir sus promesas de reforma, pues de lo contrario perderán todo el apoyo y el reconocimiento tan necesarios de la comunidad internacional, incluidos los países de la región, que básicamente legitiman al gobierno de Kabul. La esperanza es que prevalezca la sensatez y que los talibanes estén dispuestos a centrarse en un gobierno inclusivo, responsable y que rinda cuentas; por encima de todo, un gobierno que sirva al pueblo afgano.
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