Un abogado de Túnez ha presentado una denuncia ante el fiscal del Tribunal de Primera Instancia contra varias personalidades políticas árabes, acusadas de "conspiración contra la seguridad interior y exterior del Estado, sustitución del gobierno y alta traición".
Según el texto de la denuncia publicado por Bishir Al-Shabi en su página de Facebook, pide que se emprendan acciones legales contra el presidente tunecino Kais Saied y la directora de su oficina, Nadia Akacha; el asesor presidencial Walid Al-Hajam; el ministro de Asuntos Exteriores, Othman Al-Jarandi; y el jefe del partido Destourian Libre, Abir Moussa, así como un miembro del partido, Magdy Bouthina. Mirando más allá, el ex parlamentario de Ennahda también presentó cargos contra el presidente egipcio Abdel Fattah Al-Sisi y su ministro de Asuntos Exteriores Sameh Shoukry; el jefe del Servicio General de Inteligencia egipcio, Abbas Mustafa; y Mohammed Bin Zayed Al-Nahyan, el príncipe heredero de Abu Dhabi y su asesor Abd Al-Khaleq Abdullah.
Al-Shabi ha basado su decisión en un artículo publicado por WikiLeaks relativo a la correspondencia de Akacha a la inteligencia militar de Egipto sobre una hoja de ruta para el periodo posterior al 25 de julio en Túnez. "Esto", ha dicho Al-Shabi, "se suma a filtraciones muy peligrosas relacionadas con la conspiración deliberada que se produjo en Túnez contra su pueblo para demoler la experiencia democrática a través de la planificación egipcia, la financiación emiratí y la implementación tunecina."
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De ello, el abogado ha deducido que es evidente que el "golpe del 25 de julio fue planificado mediante una conspiración interna y externa para derribar la experiencia democrática tunecina".
Recordó al tribunal que los cargos constituyen "alta traición" por la que se "merece la pena de muerte", según el capítulo 60, párrafo 2, del Código Penal.
Al-Shabi exigió que el fiscal "abra una investigación sobre la denuncia, remita a los acusados por los delitos que se les atribuyen, imponga penas disuasorias contra ellos, incluida la ejecución, y dicte medidas cautelares contra ellos, como la prohibición de viajar a los tunecinos y la prohibición de entrar en Túnez a los extranjeros".