La noticia de la detención del vicepresidente del movimiento Ennahda, Noureddine Bhiri, ha reavivado la polémica sobre la existencia de "cárceles secretas" en el país, sobre todo a la luz de las declaraciones del equipo de defensa de Bhiri sobre su ingreso en una de las "cárceles secretas" que existían bajo el régimen del ex presidente, Zine El Abidine Ben Ali, que se supone que está cerrada desde hace muchos años.
En una rueda de prensa celebrada por el equipo de defensa de Bhiri el lunes en la capital, un miembro del organismo, el abogado Abderrazak Kilani, dijo que Bhiri se encuentra actualmente "en un caso de desaparición forzada, que es un delito que no prescribe", y criticó la forma en que Bhiri fue "secuestrado", que según él se asemeja al trabajo de la mafia, ya que se violó la inmunidad de la que gozaba como representante del pueblo y abogado.
Un miembro del comité, Samir Dilo, dijo que Bhiri "se encuentra actualmente en la sala de reanimación del hospital Habib Bougatfa de Bizerte (norte). Sin embargo, su comité de defensa no sabe de dónde le han traído. El comité duda de los tres lugares que podrían considerarse como el lugar de detención de Bhiri antes de su traslado al hospital, que son o bien los cuarteles de Menzel Jemil en Bizerte, un centro de formación agrícola en Menzel Jemil o una casa que se utilizaba antes de la revolución (por el régimen de Ben Ali) para detener a los opositores políticos que son torturados en lugares no oficiales.
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"Kais Saied habla con frecuencia de cuartos oscuros, pero hoy el mundo ha descubierto que es el dueño de cuartos oscuros y pasillos ocultos. Todas sus decisiones son tomadas por una pequeña banda que opera en cuartos oscuros, lo que ha provocado el secuestro de activistas para esconderlos en oscuras casas fantasma", escribió Rafik Abdessalem, dirigente del movimiento Ennahda.
"El gobierno que secuestra a sus ciudadanos y viola sus legítimos derechos utilizando textos legales obsoletos e inconstitucionales que fueron formulados en la época de la tiranía para reprimir e intimidar a los opositores, independientemente de las justificaciones o de los posibles delitos que se les atribuyan, es un gobierno canalla, que está más allá de la Constitución y de la ley, y que no es digno de respeto; todo el mundo debe enfrentarse a esta peligrosa perversión del poder", escribió Ghazi Chaouachi, secretario general del partido Corriente Democrática.
"El Estado no tiene derecho a establecer prisiones secretas ni a detener a un ciudadano al margen de las fórmulas legales, sea éste Noureddine Bhiri o cualquier otro. La invocación de la Ordenanza nº 50 de 1978, al igual que el caso de los juicios militares a civiles, es un escándalo en el Túnez post-revolucionario", publicó en Facebook Mohamed Hamdi, diputado de Chaouachi.
"Una de las hazañas de la sociedad civil, que ha seguido siendo una excepción en su entorno árabe y africano por la defensa de los derechos humanos, que siempre ha enarbolado el lema 'Todos los derechos para todas las personas', se transforma ahora en un almacén político asfixiante que lleva a cabo un filtrado 'inhumano' de las víctimas, es una clasificación identitaria", escribió el ex ministro, Mehdi Mabrouk.
Abdelwahab El Hani, líder del partido Al Majd, añadió: "El Estado de derecho no puede violar la ley, ni puede permitir la existencia de lugares de detención secretos o de servicios secretos, ni dentro ni fuera de los organismos estatales. El Fiscal General y los fiscales deben investigar la existencia de lugares de detención secretos, ilegales y no declarados dentro de sus jurisdicciones judiciales, y visitarlos, inspeccionarlos y ordenar su cierre y sellado inmediatos. También, realizar las investigaciones judiciales necesarias, para iniciar la sanción legal por su presencia ilegal, con sus violaciones de derechos humanos que allí se produjeron. El Estado de Derecho es una entidad completa que no puede ser dividida. Todos los lugares de detención están sujetos a la inspección obligatoria de la Agencia General, y están obligatoriamente sometidos al control preventivo de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura".
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"La detención por la fuerza del ex ministro de Justicia, Noureddine Bhiri, y su puesta en paradero desconocido sin notificación previa, sin decisión escrita motivada de arresto domiciliario, en ausencia de decisión judicial, sin pasar por la autoridad judicial, lo mismo que en el caso del ex agente de seguridad, con retención de toda información a la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, según la Comisión en su última declaración, son prácticas que quedan fuera del ámbito de la ley. Se rechaza incondicionalmente, porque ese desliz es uno de los indicadores de que todo el Estado está fuera de la ley; amenaza con anular los derechos de todos los civiles tunecinos y los somete a la arbitrariedad. Cuidado con esta peligrosa perversión del poder". dijo Rawda Al-Qarafi, presidenta de honor de la Asociación de Jueces Tunecinos.
La comisión había denunciado previamente el rechazo de las autoridades tunecinas a informarle del lugar donde se encuentra Bhiri y a permitirle visitarlo, señalando que Túnez "es un Estado miembro en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CIPD) desde 2011.
El presidente de Túnez, Kais Saied, está desangrando el país - Caricatura [Sabaaneh/MonitordeOriente].
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