El Tribunal de Primera Instancia de Túnez remitió ayer a juicio a 19 personas por "violaciones electorales", entre ellas el jefe del movimiento Ennahda, Rachid Ghannouchi, y el ex presidente Moncef Marzouki, informó Anadolu.
Un comunicado emitido por la Oficina de Información y Comunicación del Tribunal de Primera Instancia dijo que los acusados fueron remitidos a juicio "por cometer delitos electorales durante las elecciones de 2019, como el uso de propaganda electoral ilegal a través de los medios de comunicación social y la propaganda durante el período de silencio electoral", en referencia a los días justo antes de las elecciones cuando los partidos están prohibidos de hacer campaña.
Según el comunicado, entre los referidos acusados se encuentran también Nabil Karoui, jefe del partido Corazón de Túnez y candidato presidencial en las elecciones de 2019, y el ex ministro de Defensa Abdelkarim Zubaidi.
También incluyen a cuatro ex primeros ministros: Youssef Chahed, Elyes Fakhfakh, Mehdi Jomaa y Hamadi Jebali.
La decisión del tribunal se basa en un informe del Tribunal de Cuentas sobre las elecciones presidenciales anticipadas de 2019.
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Túnez ha sido testigo de un aumento de la detención, el arresto domiciliario y el secuestro de ex funcionarios, en lo que los grupos de derechos han dicho que son parte de los esfuerzos del actual presidente Kais Saied para silenciar a la oposición.
Saied ostenta un poder casi total desde el 25 de julio, cuando destituyó al primer ministro, suspendió el parlamento y asumió el poder ejecutivo alegando una emergencia nacional.
El 29 de septiembre nombró un primer ministro y desde entonces se ha formado un gobierno. El mes pasado, Saied anunció que el 25 de julio se celebraría un referéndum para estudiar "reformas constitucionales" y que las elecciones se celebrarían en diciembre de 2022.
La mayoría de los partidos políticos del país tacharon la medida de "golpe contra la Constitución" y los logros de la revolución de 2011. Los críticos afirman que las decisiones de Saied han reforzado los poderes de la presidencia en detrimento del parlamento y el gobierno, y que pretende transformar el gobierno del país en un sistema presidencialista.
En más de una ocasión, Saied, que inició un mandato presidencial de cinco años en 2019, dijo que sus decisiones excepcionales no son un golpe de Estado, sino medidas en el marco de la Constitución para proteger al Estado de un "peligro inminente".
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