Está en marcha un plan para retener o reducir los pagos realizados por la Autoridad Palestina a las familias de los presos palestinos. Según los medios de comunicación israelíes, la Administración Biden ha solicitado que la AP revise por completo su sistema de apoyo a los presos palestinos. Los dirigentes palestinos ya habían expresado su voluntad de entablar un "debate" con Estados Unidos.
Según Channel 12 de Israel, la Administración Biden ha pedido al presidente de la AP, Mahmoud Abbas, que deje de pagar estipendios a las familias de los presos palestinos y, en su lugar, considere un sistema alternativo de "bienestar". Por ejemplo, los presos mayores de 60 años recibirían pagos como si fueran "empleados jubilados de la AP". Los menores de 60 años, según el informe, cobrarían como "empleados de la AP".
Lo anterior pretende ser una especie de compromiso. A diferencia de los anteriores intentos estadounidenses e israelíes de cortar cualquier tipo de ayuda a las familias de los presos palestinos, esta vez la AP parece dispuesta a considerar alternativas a los sistemas existentes.
El primer ministro de la AP, Mohammed Shtayyeh, ya había expresado su disposición a considerar las preocupaciones estadounidenses. El pasado noviembre, Shtayyeh había declarado que "si alguien tiene reservas sobre tal o cual sección de la ley, podemos discutirlo".
Por "ley", Shtayyeh se refería a la ley palestina que permite a la AP apoyar a los presos palestinos y a sus familias como pacto de solidaridad. Al fin y al cabo, estos presos palestinos se enfrentan a circunstancias horribles debido a sus actos de resistencia a la ocupación israelí.
Por supuesto, Israel no lo ve así. Para Tel Aviv, cualquier acto de resistencia palestina es ilegal, y todo resistente palestino es un "terrorista". Esto no debería sorprender, ya que Israel no se ve a sí mismo como un ocupante ni a los palestinos como un pueblo que merece justicia y libertad.
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Tampoco sorprende la posición estadounidense. Washington también está de acuerdo con la descripción israelí de la resistencia palestina como "terroristas" y, durante años, ha intentado bloquear cualquier ayuda que llegue a las familias de los presos palestinos.
En 2018, el expresidente estadounidense Donald Trump retuvo la financiación de la Autoridad Palestina y también de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, la UNRWA, alegando el apoyo financiero de la AP a los presos palestinos y sus familias.
Al año siguiente, Israel siguió su ejemplo, ya que retuvo ilegalmente los pagos de impuestos recaudados en nombre de la AP, un sistema muy injusto instituido por el llamado Protocolo de París. El dinero retenido por Israel constituye casi la mitad de todo el presupuesto de la AP. Este robo descarado por parte de Israel se lleva a cabo como una forma de presión, bajo varios disfraces y sin ninguna supervisión internacional.
Finalmente, en noviembre de 2020, Israel comenzó de nuevo a transferir el pago a las arcas de la AP, pero quedándose con una parte del dinero que, según las estimaciones israelíes, equivalía a los pagos realizados a las familias de los presos.
Para hacer frente a la crisis, la AP instituyó varios recortes presupuestarios que afectaron sobre todo a los empleados de la AP y a los presos, muchos de los cuales pertenecían a grupos rivales de la AP, ya fuera en Cisjordania o en la asediada Franja de Gaza. El gasto desproporcionadamente masivo en el aparato de seguridad de la AP, especialmente en las ramas que participan en la llamada coordinación de seguridad entre la AP e Israel, quedó intacto.
Desde el comienzo del mandato presidencial de Biden, la AP ha promovido la noción infundada de que Biden es mejor para los palestinos, simplemente porque la nueva administración dio una validación política parcial a Mahmoud Abbas -que fue completamente rechazado por Trump- y restableció la ayuda estadounidense. Aparte de eso, no ha habido ninguna prueba de la supuesta agenda pro-palestina de Joe Biden y su administración.
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De hecho, la Administración Biden se ha comprometido a no revertir ninguna de las medidas ilegales adoptadas por Trump que, entre otras concesiones, legitimaron la ocupación israelí de la Jerusalén Este palestina y de los Altos del Golán sirios. Además, Estados Unidos aún no ha reabierto su consulado en Jerusalén Este, que servía como representación diplomática estadounidense de facto en los territorios ocupados. Incluso el restablecimiento de la oficina de la OLP en Washington DC aún no se ha llevado a cabo, debido a la fuerte oposición de Israel y sus aliados en el Capitolio.
Ha transcurrido más de un año desde el inicio de la presidencia de Biden y, sin embargo, sigue sin haber un horizonte político, un compromiso estadounidense significativo y ni siquiera una perspectiva estadounidense coherente. Por el contrario, todo lo que hemos visto es la insistencia de Israel en atrincherar su ocupación, ampliar el círculo de violencia y expandir sus asentamientos ilegales, con un guiño o desinterés estadounidense.
Los palestinos de a pie, por supuesto, tienen muy pocas expectativas en Washington, ya que no hay pruebas históricas que demuestren que Estados Unidos haya favorecido alguna vez la agenda palestina -la de la libertad y la justicia- frente a la israelí, de ocupación y apartheid sin fin. Mientras que el Congreso estadounidense se apresura a aprobar medidas anti-palestinas, las iniciativas pro-palestinas, aunque loables, tienen muy pocas posibilidades de convertirse en ley. Por ejemplo, la H.R. 2407 - "Ley de promoción de los derechos humanos de los niños palestinos que viven bajo la ocupación militar israelí", lleva años intentando recordar al gobierno estadounidense su responsabilidad legal en virtud de la Ley de Ayuda Exterior para que deje de financiar la detención militar de niños en cualquier parte del mundo, incluida Palestina.
No sólo no se responsabiliza en absoluto a Israel por la continua detención de miles de hombres, mujeres y niños palestinos, sino que en realidad está dictando la política exterior estadounidense, obligando a Washington a aceptar y acomodar las definiciones, prioridades y agendas israelíes.
La cuestión de los prisioneros palestinos es un tema muy sensible en Palestina. Los palestinos consideran a sus prisioneros héroes de la resistencia y a sus familias como una responsabilidad colectiva de las comunidades palestinas de todo el mundo. De hecho, el apoyo a las familias de los presos palestinos es el último asidero de legitimidad en manos de la AP. Si la pierde, las consecuencias serán seguramente nefastas.
Tal vez, los diplomáticos estadounidenses puedan considerar una vía alternativa para abordar con justicia la cuestión del apoyo financiero que reciben los presos palestinos y sus familias, a saber, liberar a todos los presos palestinos de las mazmorras israelíes. Tal vez el debate debería ampliarse también para incluir la libertad de todos los palestinos que sufren sus propias formas de encarcelamiento por parte de Israel. Tales demandas pueden parecer escandalosas en vista de los actuales equilibrios políticos de poder, pero ciertamente son moral y legalmente la discusión apropiada que se debe tener.
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