El gobierno tunecino anunció el viernes que la Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT) se mostró dispuesta a entablar un diálogo serio con el gobierno sobre las reformas económicas y sociales.
Esto se produjo durante una sesión de trabajo entre una delegación de la UGTT (el mayor sindicato del país), encabezada por su Secretario General Noureddine Taboubi, y el gobierno. La sesión fue dirigida por la primera ministra Najla Bouden, según un comunicado emitido por la presidencia del gobierno.
"Taboubi dijo en una declaración tras la reunión que el sindicato está dispuesto a interactuar y trabajar conjuntamente con el gobierno presentando propuestas para desarrollar el documento de reformas estructurales y para unificar perspectivas en muchos temas críticos", reveló el comunicado.
Taboubi subrayó la necesidad de que: "Las reformas presentadas por el gobierno equilibren la parte social, por un lado, y la necesidad de crear riqueza con el aumento de la tasa de crecimiento económico, por otro".
Taboubi confirmó que la UGTT está: "Dispuesta a abrir un diálogo serio y responsable una vez finalizados los trabajos del 25º congreso de la UGTT, así como la elección de una nueva dirección capaz de cumplir todos sus compromisos adquiridos con el gobierno".
afirmó Bouden durante la sesión: "La voluntad del gobierno de trabajar conjuntamente con todas las organizaciones nacionales y de consagrar el principio de concertación, con un diálogo abierto y responsable entre el gobierno y la UGTT en todas las cuestiones vitales que preocupan a los tunecinos".
Según el comunicado, el documento inicial del programa de reformas estructurales elaborado por el gobierno y las diversas cuestiones sociales no resueltas constituyeron los puntos más importantes de esta reunión.
El gobierno preparó previamente un documento preliminar sobre el programa de la reforma estructural, que presentó a sus interlocutores sociales, a la espera de un consenso. Después lo presentará al Fondo Monetario Internacional (FMI) para alcanzar un nuevo acuerdo.
Túnez busca un nuevo préstamo de 4.000 millones de dólares a cambio de reformas que afectan principalmente a la comunidad local, como la congelación de los nombramientos en el gobierno, la congelación de los salarios, la ampliación de los impuestos y la reprogramación de las subvenciones a los materiales básicos.
Si el FMI aprueba estas reformas, quedarán truncadas debido a que Túnez necesita la confianza de los países donantes del préstamo y de los inversores extranjeros.
Túnez vive una crisis política desde el 25 de julio, cuando el presidente Kais Saied impuso medidas excepcionales, como la suspensión del Parlamento, la supresión del órgano de control de la Constitución, la promulgación de leyes mediante decretos presidenciales, la destitución del gobierno y el nombramiento de uno nuevo.
La mayoría de las fuerzas políticas de Túnez rechazan las medidas excepcionales de Saied y las consideran un golpe de Estado contra la Constitución. Otras fuerzas, sin embargo, las apoyan como una corrección del curso de la revolución de 2011 durante la crisis política, económica y sanitaria (pandemia COVID-19).
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