La reputación de la India como la mayor democracia del mundo y un país que defiende los valores laicos se ha visto erosionada desde que el partido nacionalista hindú de derechas Bharatiya Janata Party (BJP) llegó al poder en 2014. Varias medidas del gobierno del BJP del primer ministro Narendra Modi parecen estar diseñadas para cambiar el tejido secular y democrático de la India por el de una nación puramente hindú de derechas.
Después de que el BJP recibiera un mandato aún mayor en 2019, su agenda hindutva se hizo más visible. Además, varios grupos afiliados al partido gobernante han comenzado a amenazar a los musulmanes de la India, la mayor comunidad minoritaria del país, y a sus instituciones. La última manifestación de ello es la prohibición del popular canal de televisión en lengua malayalam MediaOne, alegando "seguridad nacional".
MediaOne tiene su sede en el estado de Kerala, en el sur de la India, y cuenta con millones de espectadores tanto dentro como fuera del país, especialmente en Oriente Medio. Fue lanzado en febrero de 2013 y es conocido por sus audaces reportajes y sus críticas a las agendas comunales y neofascistas del gobierno, lo que probablemente sea la razón por la que el gobierno ha revocado su licencia de emisión. La orden del gobierno fue confirmada por el tribunal superior del estado, pero ha suscitado críticas generalizadas desde todos los ámbitos. Muchos miembros de la oposición en el Parlamento han criticado al gobierno por frenar la libertad de expresión consagrada en la Constitución india.
La petición de la dirección de MediaOne fue desestimada por el tribunal, que declaró que, basándose en las aportaciones de diversas agencias de inteligencia, el Ministerio del Interior consideró que no debía renovarse la autorización de seguridad para el canal. Sin embargo, tanto el ministerio como el tribunal se han negado a revelar el motivo de la prohibición, salvo los llamados "problemas de seguridad". El gobierno, sin embargo, tiene la obligación de explicar por qué ha prohibido el canal. Se trata de un ejemplo de la intolerancia que el régimen de derechas mantiene hacia las noticias que considera desagradables.
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El artículo 19 de la Constitución de la India establece la libertad de expresión, definida como el derecho a expresar libremente la propia opinión sin ningún temor. Es responsabilidad del gobierno garantizar que no se vulnere.
"Las voces del pueblo, de los medios de comunicación y de la sociedad civil deben ser escuchadas en una democracia", tuiteó la diputada de la oposición Kanimozhi Karunanidhi. "Silenciar la disidencia, el debate y el diálogo es muy poco saludable para una democracia".
No es la primera vez que el gobierno de Modi se esfuerza por impedir que MediaOne emita. El canal estuvo a la cabeza de la cobertura mediática de la discriminatoria Ley de Enmienda de la Ciudadanía (CAA), aprobada en diciembre de 2019. En virtud de esta ley, por primera vez en la India, la religión se convirtió en una base para la concesión de la ciudadanía. Además, la ley agiliza específicamente las solicitudes de asilo de los inmigrantes irregulares no musulmanes procedentes de los países vecinos de mayoría musulmana de Afganistán, Bangladesh y Pakistán.
MediaOne también informó ampliamente sobre los horrendos disturbios antimusulmanes ocurridos en la capital india, Nueva Delhi, en febrero de 2020, cuando grupos hindúes aterrorizaron a los musulmanes que protestaban contra la CAA. Tras los disturbios de Delhi, que se cobraron al menos 53 vidas, el Ministerio de Información y Radiodifusión prohibió la emisora durante 48 horas, junto con otro canal, Asianet. Mientras que este último se disculpó, MediaOne se mantuvo firme en que no había cometido ningún delito. El gobierno se vio obligado a levantar la suspensión en pocas horas.
El origen musulmán del canal es otra de las razones de la prohibición del gobierno, abiertamente hindú. Es el único canal de noticias de televisión de propiedad musulmana en la India, y tiene una amplia cobertura de temas locales, nacionales e internacionales.
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A pesar de la protección constitucional desde la independencia de la India en 1947, la comunidad musulmana se ha enfrentado a la discriminación durante muchos años. Más recientemente, se ha producido un aumento de los delitos de odio y de los linchamientos colectivos. En diciembre del año pasado, grupos hindúes de derechas afiliados al BJP hicieron un llamamiento abierto, durante un cónclave religioso en Haridwar, al genocidio de los musulmanes en el norte de la India. Estos grupos han intensificado su incitación al odio comunal contra los musulmanes en un momento en que cinco estados indios van a votar el mes que viene. El BJP ha utilizado repetidamente la carta comunal para beneficiarse electoralmente de la polarización de las comunidades locales y nacionales.
Los periodistas musulmanes son amenazados y, en algunos casos, se les aplican leyes draconianas. Siddique Kappan, por ejemplo, languidece en la cárcel desde 2020, tras ser detenido por la policía de Uttar Pradesh, gobernado por el BJP, cuando se dirigía al lugar de una presunta violación en grupo y asesinato de una joven dalit en un pueblo llamado Hathras. Se enfrenta a cargos que incluyen sedición, conspiración para incitar a la violencia, ultraje a los sentimientos religiosos y otros cargos de terrorismo.
Rana Ayyub, que tiene más de 1,5 millones de seguidores en Twitter y 320.000 seguidores en Instagram, ha sido un crítico acérrimo del gobierno dirigido por el BJP y de las organizaciones de derechas. Su libro, Gujarat Files: Anatomía de un encubrimiento, es el relato de Ayyub de una investigación de ocho meses sobre el pogromo antimusulmán de 2002 en el estado occidental de la India, con el apoyo tácito del entonces ministro principal Narendra Modi, antes de que se convirtiera en primer ministro de la India.
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Modi y su BJP persiguen una agenda mayoritaria hindú y antimusulmana que amenaza el estatus del país como república oficialmente secular y vulnera las normas internacionales de derechos humanos. Está claro que este gobierno está trabajando para conseguir un estado totalitario puramente hindú. En agosto de 2019, el partido gobernante modificó la Constitución para despojar a Cachemira, de mayoría musulmana, de su autonomía. Luego, en noviembre, el Tribunal Supremo emitió una sentencia que permitía la construcción de un templo hindú en el lugar de una mezquita del siglo XVI demolida hace más de dos décadas por fuerzas comunalistas hindúes en la ciudad norteña de Ayodhya. La ironía es que el tribunal admitió la existencia de una mezquita, pero decidió dar los terrenos del Waqf (dotación religiosa) a los hindúes alegando "sentimientos mayoritarios".
Las políticas antimusulmanas de los gobernantes de la derecha hindutva se dirigen ahora a las escuelas e institutos, y la disputa por el hijab (velo) va en aumento. La prohibición del hijab en el estado de Karnataka, en el sur de la India, gobernado por el BJP, ha provocado fuertes protestas, y se ha prohibido a las estudiantes asistir a clase si insisten en llevarlo. Esto ocurre en un país donde los hindúes lucen la tilaka en la frente, las monjas cristianas llevan el velo y los sijs el turbante.
Manifestación en Nueva Delhi después de que los institutos educativos de la India denegaran la entrada a las estudiantes por llevar hijabs el 8 de febrero de 2022 [Amarjeet Kumar Singh/Anadolu Agency].
"Iba a la universidad a presentar un trabajo", dijo a la televisión India Today. "Había algunas personas que no me permitían entrar en la universidad porque llevaba un burka. Me decían que me lo quitara y que entrara".
Tras días de desacuerdo sobre la cuestión del hiyab, un colegio permitió a las chicas que llevaban velo entrar en el edificio, pero con la condición de que debían sentarse en una habitación separada. Esto simboliza lo que el gobierno de Modi ha estado trabajando: la segregación basada en las creencias y prácticas religiosas, irónicamente en un país que profesa ser democrático y secular. ¿Es de extrañar que los 200 millones de musulmanes de la India se sientan alienados y marginados en su propio país?
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