Después de que el presidente tunecino, Kais Saied, decidiera disolver el Consejo Superior de la Magistratura, poner su sede bajo vigilancia e impedir que los miembros del Consejo y sus empleados realicen su trabajo con normalidad, el poder judicial tunecino está a punto de librar una nueva batalla para proteger su entidad y preservar su independencia.

Históricamente, el poder judicial tunecino ha sufrido la presión del poder ejecutivo y su injerencia directa en su trabajo, bajo diversas justificaciones, lo que le ha llevado a librar batallas para defenderse. Cada vez, dado que la Constitución otorgaba poderes absolutos a la autoridad ejecutiva, representada por el Presidente, el régimen tiránico existente consiguió, cada vez, silenciar la débil voz de los jueces, y obligarlos a permanecer dentro del círculo de la lealtad absoluta, ya sea mediante amenazas o mediante sobornos. En todos los casos, la autoridad tiránica necesitaba dominar el poder judicial para utilizarlo como herramienta para juzgar a sus opositores e imponer su poder sobre la sociedad a través de un poder judicial que siguiera órdenes autoritarias.

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Tras la revolución del 14 de enero de 2011, la transición democrática que la acompañó en Túnez y la redacción de una nueva Constitución que garantiza la separación de poderes, era natural que se recuperara el poder judicial como tercer y necesario pilar para construir un Estado respetuoso con los derechos y las libertades. La idea básica de cualquier Estado que respete la democracia y cumpla con sus requisitos mínimos es no conceder toda la autoridad a un solo individuo u organismo, sino, por el contrario, distribuirla entre las instituciones que asumen las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales, de modo que cada institución controle a las demás y se asegure de que desempeñan su papel dentro del marco que les marcan la Constitución y la ley. Por esta razón, la Constitución de 2014 dedicó un capítulo al poder judicial que incluye detalles de su estructura y área de especialización. El artículo 114 de la Constitución estipula: "El Consejo Judicial Supremo vela por el buen funcionamiento de la justicia y el respeto a su independencia". Sin embargo, lo que ocurrió después del 25 de julio de 2021 fue en la dirección de trastocar todo lo establecido en la Constitución de 2014, y reestructurar la estructura constitucional del Estado, avanzando hacia el gobierno del individuo que posee poderes absolutos sin supervisión alguna, y principalmente de las autoridades legislativas y judiciales.

Esperábamos que la labor del Consejo Superior de la Judicatura se viera perturbada, dado que es un órgano independiente que transmite el sentido constitucional de la separación de poderes. Por eso, desde la expedición del Decreto 117 de 2021, el Presidente tomó la iniciativa de actuar al margen de lo que estipula la Constitución, y su justificación fue la corrección del rumbo. El argumento de la lucha contra la corrupción se siguió repitiendo en el marco de la necesidad de reformar el poder judicial. Si se confirmó que hay ciudadanos que cometen actos de corrupción y mala conducta en diferentes puestos de las instituciones del Estado, incluido el poder judicial, entonces la disolución de las estructuras judiciales no se considera ciertamente una solución al problema de la corrupción, sino que se enmarca principalmente en un intento de subyugar al poder judicial y llevarlo de vuelta a su anterior lealtad a la autoridad ejecutiva. Esto provocó una reacción a gran escala que se manifestó en la autoridad judicial, incluyendo sus diversas estructuras, rechazando este camino que asesta un golpe al núcleo de la base más importante para un Estado justo, es decir, la separación de poderes y el principio conexo de "responsabilidad igual a autoridad". Esto significa que, por mucho que los cargos públicos ejerzan su poder, este también se encuentra con el mismo nivel de responsabilidad y rendición de cuentas y esta autoridad está bajo supervisión. Dicha supervisión se ha desvanecido, dado el dominio de la autoridad ejecutiva sobre el resto de las autoridades, que están congeladas y, a veces, incluso se omiten por completo.

A la luz de las posiciones expresadas por el Consejo Superior de la Magistratura, elegido por los jueces, quedó claro su rechazo a las medidas del Presidente en su contra. El llamamiento de la Asociación de Jueces a contraatacar mediante la huelga y el no trabajo en los tribunales, la organización de una protesta frente al Palacio de Justicia de Túnez y la preparación de la batalla, indican que la autoridad judicial en Túnez ha pasado a primer plano, no sólo para defender su existencia e independencia, sino también en defensa de la Constitución y de la propia democracia.

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Los acontecimientos que tienen lugar actualmente en Túnez van más allá de las cuestiones de las habituales luchas de poder entre las distintas autoridades del Estado y sus diversas instituciones; en cambio, se trata de una defensa del Estado para preservarlo como entidad que protege los derechos y las libertades y garantiza la democracia y el derecho a la circulación del poder frente a cualquier tendencia individual y al poder absoluto. Esto va más allá del órgano judicial, para incluir a toda la sociedad civil y a la calle política. Un poder judicial independiente y justo es la condición necesaria para lograr un estado de ciudadanía, y es muy importante no permitir que ninguna autoridad ejerza el dominio unilateralmente y sin interferencia de otras autoridades, porque la autoridad limita la autoridad. Si no se practica este principio, el país se verá arrastrado a un gobierno absoluto con poderes divinos, que no puede conducir a la reforma, sino que se basará en la lógica del sometimiento.

Este artículo apareció por primera vez en árabe en Al-Arabi Al-Jadeed el 15 de febrero de 2022

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