El Observatorio de los Crímenes de Violencia contra las Mujeres en Egipto, afiliado a la Fundación Edraak para el Desarrollo y la Igualdad, registró 813 casos contra mujeres y niñas durante 2021, frente a los 415 crímenes violentos de este tipo en 2020. Esto es solo la punta del iceberg, según ha informado la organización, que se basó únicamente en los datos de los sitios de noticias egipcios y de la Fiscalía. Es un hecho que la mayoría de los delitos violentos contra las mujeres no se denuncian en la sociedad egipcia.
Sin embargo, el seguimiento de la actividad delictiva para recopilar datos es esencial precisamente por la falta de estadísticas oficiales en Egipto. Es necesario conocer a las víctimas y a los autores si se quiere cuestionar y poner fin a este tipo de violencia".
El informe de la organización recoge 296 asesinatos de mujeres y niñas; 78 casos de tentativa de asesinato; 54 violaciones; y 74 palizas, de las cuales 49 fueron propinadas por familiares. También registra 125 casos de acoso sexual y 100 suicidios de mujeres. La mayoría de estos últimos se debieron a la violencia, los problemas familiares, la extorsión sexual y el abuso en relación con el rendimiento académico. El maltrato y la violencia doméstica encabezaron la lista de delitos, con 413 ejemplos supervisados el año pasado. De estos casos, el 30% fueron contra niñas menores de 18 años.
Estos indicadores deberían hacer saltar la alarma en la sociedad egipcia. El gobierno tiene que ser más diligente y contundente a la hora de abordar los delitos de violencia contra las mujeres y garantizar que sus instituciones de estadística e investigación hacen un seguimiento preciso de estos delitos, los estudian y analizan y proponen políticas adecuadas para reducirlos.
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El gobierno también debe facilitar a las víctimas un acceso seguro y confidencial a la justicia. Las autoridades policiales de Egipto no toman las medidas adecuadas para garantizar la privacidad y la seguridad de las supervivientes y testigos de la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, cuando se acusó a un grupo de jóvenes pertenecientes a familias adineradas de violar a una chica en el interior del hotel Fairmont en 2014, se filtró el nombre de la víctima y se la difamó en público. Además, seis testigos fueron detenidos y también difamados. Las fuerzas de seguridad y el fiscal fueron cómplices de ello y el caso contra los autores quedó dañado. Por eso hay reticencia a denunciar este tipo de incidentes; la confianza en el sistema judicial está bajo mínimos.
El gobierno debe apoyar a las supervivientes de la violencia facilitándoles el acceso a la asistencia jurídica y proporcionándoles atención médica y psicológica. Las supervivientes también necesitan casas de acogida y refugios, así como apoyo para su subsistencia y reintegración en la sociedad, si queremos animar a más mujeres a denunciar la violencia a la que están sometidas. Aunque el gobierno de El Cairo pueda argumentar que no hay financiación disponible para ninguno de estos elementos esenciales, cabe señalar que la violencia contra las mujeres cuesta a los países hasta el 3,7% de su PIB, más del doble de lo que la mayoría de los gobiernos gastan en educación, por ejemplo. El dinero así gastado no será en vano.
Al mismo tiempo, el gobierno debería lanzar una campaña nacional para cambiar el tipo de mentalidad y comportamiento que fomenta y aprueba la violencia contra las mujeres. El 90% de los hombres en Egipto, por ejemplo, creen que las esposas deben tolerar la violencia para mantener la familia unida. Mientras tanto, es necesario educar a las mujeres sobre sus derechos legales -y también a los hombres- en caso de que se vean expuestos a la violencia. Las escuelas pueden tomar la iniciativa en este sentido y asegurarse de que todos los estudiantes, hombres y mujeres por igual, sean conscientes del daño que la violencia contra las mujeres causa a las familias y las comunidades.
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