El comercio con los asentamientos en los territorios ocupados contribuye a los abusos de los derechos humanos y debe prohibirse, como parte de una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), declaró ayer Human Rights Watch (HRW).
"El traslado de la población civil de una potencia ocupante a un territorio militarmente ocupado viola la Cuarta Convención de Ginebra y, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, es un crimen de guerra", señaló HRW en un comunicado.
El comercio de bienes producidos en esas zonas, continuó el grupo, "ayuda a mantener estas violaciones del derecho internacional humanitario" y "afianza los abusos de los derechos humanos que a menudo se derivan de los asentamientos".
Estos abusos incluyen la confiscación de tierras, la explotación de recursos naturales, el desplazamiento y la discriminación de la población local.
La ICE, que se registró en la Comisión Europea en septiembre de 2021 y se puso en marcha el 20 de febrero de 2022, exige una legislación que restrinja el acceso al mercado de la UE de los artículos procedentes de asentamientos ilegales, así como que limite las exportaciones de la UE a los asentamientos.
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Ya ha recibido el apoyo de más de 100 organizaciones de la sociedad civil, movimientos de base, sindicatos y políticos.
El texto necesita al menos un millón de firmas, procedentes de al menos siete países europeos diferentes, para poder pasar a la siguiente fase, en la que se invitaría a los organizadores a reunirse con representantes europeos.
La petición pide a los estados y diputados europeos que adopten leyes que prohíban la importación de productos fabricados en asentamientos ilegales israelíes y que prohíban la exportación de productos de la UE a los mismos.
Entre los asentamientos a los que se dirige HRW están los explotados por los colonos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados.
"Los asentamientos despojan ilegalmente a las poblaciones locales de sus tierras, recursos y medios de vida", dijo Bruno Stagno, Jefe de Incidencia Política de Human Rights Watch. "Ningún país debería permitir el comercio de bienes producidos como resultado del robo de tierras, el desplazamiento y la discriminación".
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