Un juez libanés acusó ayer al gobernador del banco central, Riad Salameh, de enriquecimiento ilícito, lo que se suma a las investigaciones por corrupción a las que ya se enfrenta, informa Reuters.
La jueza Ghada Aoun dijo a la agencia de noticias que el caso estaba relacionado con la compra y el alquiler de apartamentos en París, incluidos algunos para el banco central.
Salameh negó la acusación cuando fue contactado por Reuters, diciendo que había ordenado una auditoría que mostraba que los fondos públicos no eran una fuente de su riqueza.
Salameh, de 71 años, ha sido gobernador del banco central del Líbano durante casi tres décadas. Su mandato se ha enfrentado a un mayor escrutinio desde que el sistema financiero implosionó en 2019 en un colapso que ha empobrecido a muchos libaneses.
La jueza Aoun dijo que Salameh no había asistido a una audiencia programada para hoy y que lo había acusado en ausencia. Ha remitido el caso a un juez de instrucción y será él quien decida si emite una orden de arresto, dijo.
La semana pasada, Aoun acusó al hermano de Salameh, Raja, en el mismo caso y ordenó su detención, desde entonces ha estado en prisión.
El viernes, el abogado de Raja Salameh dijo que las acusaciones de enriquecimiento ilícito y blanqueo de dinero contra su cliente eran infundadas. Calificó las pruebas de "especulación mediática sin ninguna prueba".
Riad Salameh también se enfrenta a otras investigaciones en Líbano y en al menos cinco países europeos, entre ellas una investigación en Suiza por presunto blanqueo de capitales con agravantes en el Banco Central (BDL), que implica 300 millones de dólares en ganancias de una empresa propiedad de Raja Salameh.
Salameh es un miembro clave del equipo del gobierno libanés que ha estado en conversaciones con el FMI con la esperanza de negociar un acuerdo de rescate, ampliamente considerado como la única manera de que el país trace un camino para salir del colapso.
Salameh sigue contando con el respaldo político de algunas de las personas más poderosas del Líbano, como el presidente del Parlamento, Nabih Berri, y el primer ministro, Najib Mikati.
Los críticos de la jueza Aoun la acusan de actuar en línea con la agenda política del presidente Michel Aoun y su Movimiento Patriótico Libre, que critica a Salameh y quiere su destitución.
Ella lo niega, diciendo que está aplicando la ley.
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