Microsoft ha sido acusada de estar implicada en una trama de sobornos por la que se pagaron millones de dólares en sobornos ilegales en Oriente Medio y África.
Según un antiguo director de la empresa, Yasser Elabd, el gigante tecnológico gastó más de 200 millones de dólares al año.
"En mi opinión, un mínimo de 200 millones de dólares al año se destinan a empleados de Microsoft, socios y empleados del gobierno", escribió en un post en la plataforma de denuncias Lioness.
"La experiencia me lleva a creer que entre el 60% y el 70% de los vendedores y directivos de la compañía en Oriente Medio, África y parte de Europa están recibiendo estos pagos. Entre los clientes que creo que han recibido este dinero se encuentran funcionarios gubernamentales de Ghana, Nigeria, Zimbabue, Qatar y Arabia Saudí."
En 2016, Elabd afirmó que desafió un dudoso pago de 40.000 dólares para realizar una venta en un país africano, para luego ser reprendido y finalmente despedido dos años después. "no soy la única persona de Microsoft que ha denunciado prácticas corruptas. Sé de otras cinco personas de varios departamentos que fueron despedidas o empujadas a dimitir por levantar banderas sobre incoherencias en las finanzas", explicó Elabd.
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En 2020, relató cómo un antiguo colega en Arabia Saudí comenzó a remitirle correos electrónicos y documentación que mostraban más pruebas de corrupción.
"Examinando una auditoría de varios socios llevada a cabo por PricewaterhouseCoopers, descubrí que al acordar las condiciones de venta de un producto o contrato, un ejecutivo o vendedor de Microsoft proponía un acuerdo paralelo con el socio y el responsable de la toma de decisiones en la entidad que realizaba la compra."
Microsoft se ha visto implicado anteriormente en escándalos de corrupción. En 2019, la compañía pagó una multa de 25,3 millones de dólares al gobierno estadounidense por permitir sobornos y comisiones ilegales en Hungría, Arabia Saudí, Tailandia y Turquía.
En respuesta a las últimas acusaciones, Microsoft anunció ayer que ya ha iniciado una investigación sobre el asunto y ha despedido a varios empleados.
Becky Lenaburg, vicepresidenta y consejera general adjunta de cumplimiento y ética, dijo a AFP que "creemos que hemos investigado previamente estas acusaciones, que tienen muchos años, y las hemos abordado."
"Cooperamos con las agencias gubernamentales para resolver cualquier preocupación", añadió.
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