Las familias de las víctimas de un ataque estadounidense con drones que afectó a Libia en noviembre de 2018 han presentado una denuncia contra el comandante italiano a cargo de la estación naval utilizada para llevar a cabo el ataque.
El ataque del 29 de noviembre mató a 11 civiles tuaregs y soldados fuera de servicio, aunque el Comando de África de Estados Unidos (AFRICOM) publicó un comunicado de prensa para decir que el ataque aéreo de precisión había matado a miembros de Al Qaeda.
Según Reprieve, la mayoría de las 11 personas muertas en el ataque eran miembros de las fuerzas armadas nacionales libias del Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), respaldado por la ONU, que habían luchado contra los terroristas.
Al día siguiente del ataque, miembros de la comunidad tuareg protestaron para condenar el ataque aéreo y la muerte de civiles inocentes. Hasta la fecha, no ha habido una investigación independiente sobre el ataque.
Madogaz Musa Abdullah, hermano de una de las víctimas, declaró a Reprieve: "AFRICOM mató a gente inocente. Afirmaron que nuestros hijos eran terroristas y acabaron con sus vidas sin ninguna prueba. Queremos que el gobierno italiano nos escuche y que AFRICOM deje de matar a nuestra gente".
"Pedimos a ambos gobiernos que se disculpen y que el gobierno italiano abra una investigación transparente y haga rendir cuentas a los responsables de autorizar el ataque."
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Desde 2014, el gobierno italiano ha autorizado a Estados Unidos a lanzar ataques en nombre de su llamada guerra contra el terrorismo en Libia desde la estación aeronaval de Sigonella, en Sicilia. La actividad significativa de Estados Unidos en la base debe ser aprobada por el comandante italiano en virtud del acuerdo técnico entre Estados Unidos e Italia de 2006.
Según una investigación conjunta del Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), Rete Italiana Pace E Disarmo y Reprieve, el ataque aéreo estadounidense de noviembre de 2018 se llevó a cabo desde Sigonella.
Las familias que presentan la denuncia acusan al comandante italiano de usar la fuerza ilegal tanto en el derecho internacional como en el interno italiano.
"Claramente, una operación con drones que implica fuerza letal no es rutinaria", dijo Chantal Meloni, asesora legal de ECCHR.
"Aunque el AFRICOM es directamente responsable, el comandante italiano debe haber conocido y aprobado la operación y, por tanto, puede ser responsable penalmente como cómplice por haber permitido el ataque letal ilegal. Esto supondría una violación del derecho internacional y del derecho a la vida". Jennifer Gibson, de Reprieve, dijo: "Han pasado casi cuatro años desde que un avión no tripulado estadounidense lanzado desde suelo italiano acabó con estas vidas sin previo aviso. Padres, hijos y hermanos han sido arrancados de esta comunidad en un instante, dejando nada más que un dolor duradero y preguntas sin resolver. Las familias que dejaron atrás necesitan desesperadamente respuestas, y que alguien rinda cuentas por esta pérdida de vidas sin sentido."
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