El Tribunal Penal Supremo de Seguridad del Estado egipcio, situado en el complejo de tribunales de Tura, al sur de El Cairo, emitió el jueves una sentencia en la que condenaba a los acusados en el caso conocido por los medios de comunicación como "retornados de Kuwait" con penas que van desde la cadena perpetua hasta la cadena perpetua.
La sentencia emitida, encabezada por el consejero Moataz Khafagy, incluía a 14 acusados de los líderes del grupo de los Hermanos Musulmanes opuestos a la sentencia, que las autoridades egipcias clasifican como "terroristas", según los medios de comunicación egipcios.
La Agencia de Seguridad Nacional egipcia acusa a los condenados de celebrar reuniones de organización y de asignar a los líderes y miembros del grupo que huyen al Estado de Kuwait: "De planear la comisión de operaciones hostiles dentro de Egipto contra las instituciones del Estado, para prohibirles realizar sus trabajos, perturbar las disposiciones de la Constitución y las leyes, y golpear la unidad nacional y la paz social, llegando a derrocar el sistema gobernante del país".
Entre los acusados en el caso se encuentran: Samir Younis Al-Khudari, jefe de la oficina administrativa para los miembros de los Hermanos Musulmanes en Kuwait, Abu Bakr al-Fayoumi, Hussam Muhammad Al-Adel, Najeh Awad Bahloul, Moamen Abu Al-Wafa, Abd Al-Rahman Muhammad, Abd Al-Rahman Ibrahim, Walid Suleiman Muhammad, Islam Eid, Khaled Al-Mahdi, Muhammad Khalaf, Islam Ali y Faleh Hassan.
Kuwait entregó a los detenidos a la seguridad egipcia a mediados de 2019.
En ese momento, los Hermanos Musulmanes respondieron y confirmaron que los detenidos eran ciudadanos egipcios que entraron en Kuwait y trabajaron según los procedimientos legales que regulan la residencia de los expatriados en Kuwait. No se demostró que ninguno de ellos hubiera violado las leyes del país.
Human Rights Watch criticó la medida kuwaití, considerando que la deportación: "viola las obligaciones de Kuwait en virtud del derecho internacional".
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