Abdul-Hamid Al-Youssef cuenta cómo perdió a 25 miembros de su familia, incluidos su mujer y sus gemelos, cuando su pueblo en Siria fue atacado con gas venenoso en 2017, un ataque que una investigación respaldada por la ONU concluyó que fue llevado a cabo por el régimen sirio.
Al-Youssef, de 33 años, dijo: "En segundos, todo fue arrasado. La vida quedó completamente aniquilada", tras el ataque con gas sarín en la ciudad de Khan Sheikhoun.
El ataque fue uno de las docenas en las que supuestamente se utilizaron armas químicas durante los 11 años de guerra en el país.
La organización Human Rights Watch, con sede en Nueva York, dijo que el bombardeo en el noroeste de Siria, que está bajo el control de la oposición, mató al menos a 90 personas, entre ellas 30 niños.
Mientras tanto, Rusia y China, aliados del régimen sirio, utilizaron su poder de veto para bloquear los esfuerzos de la ONU por abrir una investigación sobre crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Siria en la Corte Penal Internacional (CPI).
En el quinto aniversario del ataque de Khan Sheikhoun, los supervivientes y los activistas de derechos humanos advierten que no rendir cuentas por los ataques químicos en Siria podría animar al régimen a cometerlos de nuevo.
Al-Youssef exige que el jefe del régimen sirio, Bashar Al-Assad, rinda cuentas, diciendo: "A pesar de la presentación de testigos, a pesar de la presentación de pruebas, y a pesar de todas las pruebas entregadas a la ONU y a las autoridades competentes, hasta el día de hoy no ha habido ninguna rendición de cuentas para Bashar Al-Assad".
El gobierno de Al-Assad niega haber utilizado armas químicas en la guerra, que comenzó como un levantamiento contra su gobierno antes de convertirse en una guerra en la que murieron al menos 350.000 personas. En 2013, Siria firmó tratados internacionales que prohíben el uso de este tipo de armas.
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