A nivel internacional, Israel sigue siendo recompensado por sus violaciones de los derechos humanos. A medida que aumenta el interés por las prácticas de apartheid de Israel, incluso por parte de los propios relatores especiales de la ONU, la institución sigue su propia trayectoria a la hora de normalizar a Israel y sus violaciones.
La semana pasada, la agencia de noticias Wafa informó de que Israel fue elegido miembro del Comité del Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC) sobre las ONG. Una declaración emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina resumía sucintamente todo lo que está mal en la decisión tomada por el Grupo de Europa Occidental y Otros (WEOG) que, en el pasado, ha presionado intensamente para la inclusión de Israel en las plataformas internacionales.
El ECOSOC se ocupa ostensiblemente de los factores económicos, sociales y medioambientales del desarrollo sostenible, ninguno de los cuales ha sido salvaguardado por Israel en su colonización del territorio palestino. Actualmente, 5.593 oenegés tienen estatus consultivo en el ECOSOC; entre ellas Adalah, el Centro Al-Mezan para los Derechos Humanos y Al-Haq - esta última es una de las organizaciones de derechos humanos incluidas en la lista negra de entidades terroristas por el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, en 2021.
La declaración de la AP señala que "la nominación de Israel por el grupo de Europa Occidental servirá para animarle a continuar y escalar sus asaltos sistemáticos y ataques criminales contra las organizaciones palestinas de derechos humanos y de la sociedad civil humanitaria y, por extensión, contra el movimiento internacional de derechos humanos y los defensores de los derechos humanos en todo el mundo."
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A principios de este mes, Israel renovó el cierre de 28 ONG palestinas, supuestamente para impedir que la AP siga influyendo en el Jerusalén Oriental ocupado. Sin embargo, la propia AP también trató de controlar a las ONG mediante decretos que harían que las organizaciones presentaran sus planes para su aprobación de acuerdo con su política, imponiendo así restricciones a la sociedad civil palestina. Esto se suma a la ya restringida aprobación de la financiación por parte de la UE, que condiciona la financiación en función de la afiliación política, lo que hace que varias ONG tengan que elegir entre el compromiso y su trabajo basado en los derechos.
Asimismo, Israel ha restringido a sus propias ONG, en particular a B'Tselem, por su designación de apartheid a principios de 2021. La designación desencadenó una serie de otras admisiones, en particular de organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que consiguieron poner en el punto de mira a Israel, a pesar de las narrativas que siguen intentando exonerar a Israel de su existencia colonial.
Si Israel ha conseguido causar estragos contra las ONG por sí mismo, su actual papel en el ECOSOC facilita la normalización de sus violaciones, y bajo los auspicios de la ONU. La criminalización de las ONG palestinas por parte de Israel, en particular, forma parte de una estrategia más amplia empleada diplomáticamente que pretende silenciar a sectores de la sociedad palestina. La ONU puede afirmar que es una plataforma para la defensa de los derechos humanos; sin embargo, la forma en que silencia a las organizaciones de derechos humanos a través de diversas medidas, no sólo por la contradicción de proporcionar un espacio para la articulación de los derechos humanos pero no actuar, sino también por respaldar a una entidad colono-colonial para que tenga voz y voto sobre los derechos y el desarrollo sostenible, habla de lo contrario. Mientras que las organizaciones de derechos palestinos específicas siguen luchando por existir dentro del espacio colonizado, Israel tiene ahora la oportunidad de afianzar aún más su impunidad a través de una posición que debería abrir oportunidades para las organizaciones de derechos, en lugar de ahogar sus voces.
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