En la década transcurrida desde la caída de Muammar Gaddafi, Libia ha sufrido dos guerras civiles y ha visto cómo empeoraban las condiciones de vida y aumentaba la injerencia extranjera. La ONU ha patrocinado numerosos debates, diálogos, paneles y otras iniciativas de paz que han sido cada vez más ineficaces. Sus últimos esfuerzos se centraron en la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias que debían tener lugar a finales del año pasado, creyendo que era la única forma de resolver la tumultuosa transición política del país. Sin embargo, mientras las milicias controlen vastos territorios y las facciones rivales consideren las elecciones como un juego de suma cero, es imposible garantizar que sean libres y justas o que se respeten los resultados. Sin elecciones a la vista, la legitimidad del gobierno provisional se ha debilitado y las fuerzas del este han creado un gobierno rival encabezado por Fathi Bashagha.

Tras la primera guerra civil, las milicias que contribuyeron al derrocamiento de Gadafi se hicieron más poderosas y el gobierno provisional no parecía dispuesto a reducir su influencia. El aumento de la anarquía provocó la derrota de los Hermanos Musulmanes y otros partidos islamistas en las elecciones parlamentarias celebradas en 2014. Mientras tanto, el general Jalifa Haftar lanzó una campaña militar, denominada Operación Dignidad, contra las milicias islamistas, lo que le valió el apoyo de muchas tribus del este, secularistas y leales a Gadafi. En respuesta, los movimientos islamistas liderados por Misrata, en el noroeste de Libia, lanzaron la Operación Amanecer y consolidaron el control de Trípoli, obligando a la recién elegida Cámara de Representantes a huir a Tobruk. Bajo la presión de las milicias islamistas, el Tribunal Constitucional libio dictaminó en noviembre de 2014 que las elecciones eran inconstitucionales y, por tanto, ilegítimas.

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Los acontecimientos de 2014 reavivaron las tensiones entre tribus rivales y pusieron de manifiesto el conflicto entre islamistas y laicos. Libia se encontró con dos órganos legislativos opuestos, lo que acentuó las divisiones entre dos de las regiones históricas de Libia, Cirenaica y Tripolitania. A lo largo de 2015, la ONU prosiguió las negociaciones para crear un gobierno unificado, conocido como el Acuerdo de Skhirat. El acuerdo no sólo excluía a varios actores clave, sino que también era profundamente impopular y dejaba varias cuestiones sin resolver. Las disposiciones de seguridad eran vagas y no especificaban cómo se contendría y desarmaría a las milicias.

A principios de 2016, la ONU aplicó el acuerdo, a pesar de no haber sido ratificado por la Cámara de Representantes, y reconoció al nuevo gobierno de Trípoli como la única autoridad legítima. El nombramiento de islamistas de línea dura en el nuevo gobierno y la continua presencia de milicias, especialmente las afiliadas a Misrata, desilusionaron aún más a los laicistas y a las tribus del este de Libia. Egipto, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos siguieron respaldando a Haftar y al este para luchar contra la expansión de los Hermanos Musulmanes y los grupos islamistas radicales. Turquía y Qatar comparten la ideología de la Hermandad y han apoyado los esfuerzos para derrotar a Haftar.

El acuerdo de paz unilateral de la ONU dio lugar a un estancamiento político y el conflicto se convirtió en una guerra por delegación entre potencias regionales. La segunda guerra civil socavó aún más las instituciones de Libia, y las fuerzas de ambos bandos han sido acusadas de abusos contra los derechos humanos y crímenes de guerra. Aunque las negociaciones políticas pudieron reanudarse tras la fallida ofensiva de Haftar sobre Trípoli en 2019, aún no se han resuelto las causas de la guerra civil. La ingenua creencia de la ONU de que las elecciones conducirán a la reconciliación nacional podría poner en peligro la pizca de estabilidad que se ha logrado en los últimos dos años.

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Sin embargo, la sorprendente alianza de Bashagha con el este podría ser una oportunidad para lograr reformas significativas que podrían estabilizar el país a largo plazo. Bashagha es una poderosa figura de Misrata, con estrechos vínculos con otras tribus occidentales, y también fue ministro del Interior del gobierno con sede en Trípoli. Las potencias extranjeras implicadas no parecen hostiles a él y podría ser un compromiso aceptable para ambas partes. Con Libia de nuevo dividida entre dos gobiernos rivales, la ONU debería tener cuidado de no repetir los mismos errores de 2015.

En lugar de centrarse obstinadamente en la creación de un gobierno centralizado y en la celebración de elecciones lo antes posible, la ONU debería centrarse en limitar la influencia de las potencias extranjeras y de las milicias, crear un Estado federal y mejorar el nivel de vida. El federalismo proporcionaría una mayor autonomía a las tres regiones históricas de Libia y podría ayudar a reparar las divisiones sectarias. Si las elecciones dejan de considerarse un juego de suma cero, será más fácil que las facciones rivales respeten los resultados. Además, Libia es un país rico en recursos con una población relativamente pequeña de poco menos de siete millones de habitantes. Facilitar una mayor cooperación entre el este y el oeste en materia de producción de petróleo podría mejorar drásticamente el nivel de vida. Restaurar la economía será la forma más eficaz de fortalecer las instituciones y garantizar la estabilidad a largo plazo.

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