Túnez podría salvarse si el presidente Kais Saied fuera destituido y se celebraran elecciones presidenciales y legislativas, declaró ayer el ex presidente Moncef Marzouki.
"La destitución de Saied, la reapertura de las instituciones disueltas, la organización de una fase de transición basada en la Constitución, la modificación de la ley electoral y la celebración de elecciones presidenciales y legislativas supervisadas por una comisión independiente, son la receta de salvación para Túnez", afirmó Marzouki en Facebook.
Llamando a un "nuevo gobierno de unidad nacional", el ex dirigente subrayó que debe establecerse sobre "tres prioridades: la economía, la economía y luego la economía".
"Todo ello, por supuesto, bajo la bandera de una Constitución de la Revolución Gloriosa", añadió, advirtiendo que, de lo contrario, los esfuerzos "seguirán siendo una pérdida de tiempo, y Túnez se hundirá".
En los últimos días, Marzouki advirtió que Saied había "perdido su legitimidad por segunda vez", y añadió que forjaría las próximas elecciones tras "desmantelar los cimientos del Estado democrático".
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Saied ha tenido un poder casi total desde el 25 de julio, cuando destituyó al primer ministro, suspendió el Parlamento y asumió la autoridad ejecutiva alegando una emergencia nacional.
El 29 de septiembre nombró un primer ministro. En diciembre, Saied anunció que el 25 de julio se celebraría un referéndum para estudiar "reformas constitucionales" y que las elecciones se celebrarían en diciembre de 2022.
La mayoría de los partidos políticos del país tacharon la medida de "golpe contra la Constitución" y los logros de la revolución de 2011. Los críticos afirman que las decisiones de Saied han reforzado los poderes de la presidencia en detrimento del parlamento y el gobierno, y que pretende transformar el gobierno del país en un sistema presidencialista.
En más de una ocasión, Saied, que inició un mandato presidencial de cinco años en 2019, dijo que sus decisiones excepcionales no son un golpe de Estado, sino medidas en el marco de la Constitución para proteger al Estado de un "peligro inminente".
A principios de febrero disolvió el Consejo Judicial Supremo, lo que lleva a muchos a creer que está reforzando su control del poder y dejando pocas esperanzas de que se celebren unas elecciones libres y justas, ya que la medida deja poca división entre el poder judicial y el Estado.
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