El gobierno del Reino Unido reveló su tan esperado plan para prohibir la campaña mundial de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) durante el Discurso de la Reina de ayer. Al pronunciar el discurso anual ante el Parlamento, que resume la agenda del gobierno para la próxima sesión, el Príncipe Carlos dijo que el gobierno introducirá "una legislación [que] impedirá que los organismos públicos participen en boicots que socavan la cohesión de la comunidad".
La legislación anti-BDS limitará la libertad de los organismos públicos para adoptar posturas éticas contra los violadores de los derechos humanos, proscribiendo los boicots y las campañas de desinversión contra países extranjeros. Aunque Israel no se menciona en el Discurso de la Reina, se entiende que el objetivo del gobierno tory es proteger a Israel del creciente movimiento BDS, que busca acabar con el régimen de apartheid de Israel en Palestina.
En diciembre, el diputado tory Robert Jenrick, que es un firme defensor del Estado del apartheid, dijo que se aprobaría una legislación para ilegalizar el movimiento BDS. Dos meses más tarde, acusó al BDS de ser antisemita durante una votación sobre la enmienda anti-BDS a la pensión del servicio público. El proyecto de ley sobre el BDS y las sanciones sigue un compromiso del manifiesto del Partido Conservador de 2019 para impedir que las autoridades locales "adopten su propio enfoque de las relaciones internacionales."
Los críticos han criticado la legislación anti-BDS afirmando que es parte de un asalto mucho más amplio a la democracia y una represión del derecho de la gente a protestar. "Si se aprueba, esta ley sofocará una amplia gama de campañas relacionadas con el comercio de armas, la justicia climática, los derechos humanos, el derecho internacional y la solidaridad internacional con los pueblos oprimidos que luchan por la justicia", señaló una declaración respaldada por 46 grupos de la sociedad civil con sede en el Reino Unido.
"La ley propuesta supone una amenaza para la libertad de expresión y la capacidad de los organismos públicos y las instituciones democráticas de gastar, invertir y comerciar de forma ética, de acuerdo con el derecho internacional y los derechos humanos", añade el comunicado, que pide al gobierno británico que "detenga inmediatamente este proyecto de ley".El grupo señaló que los boicots han sido una poderosa herramienta contra la segregación racial y que las campañas de sanción se han aplicado a lo largo de la historia para presionar económica, cultural o políticamente a un régimen, institución o empresa para obligarla a cambiar políticas abusivas, discriminatorias o ilegales.
En 2019, el gobierno británico sufrió una gran derrota en su intento de proscribir el BDS cuando el Tribunal Supremo falló a favor de la Campaña de Solidaridad con Palestina (PSC). La PSC había planteado su preocupación por las amenazas a la libertad de expresión, la extralimitación del gobierno en la democracia local y el derecho de los titulares de pensiones a opinar sobre la inversión y desinversión de sus fondos.
Tras el anuncio de ayer, el director del PSC, Ben Jamal, criticó al gobierno y dijo que "volverán a imponerse". Mientras tanto, el grupo ha dicho que su primer acto será salir a las calles de Londres este sábado, para conmemorar el 74º aniversario de la Nakba, y para proteger el derecho al boicot".
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