Los tribunales egipcios condenaron a muerte a 356 personas en 2021, el mayor número de condenas a muerte en todo el mundo, según un nuevo informe de Amnistía Internacional.
Pena de muerte 2021: Hechos y Cifras registra 579 ejecuciones en 18 países el año pasado, lo que supone un aumento del 20% respecto al año anterior.
El informe constata que algunos de los países con más ejecuciones del mundo se encuentran en Oriente Medio y el Norte de África, siendo Irán, Egipto y Arabia Saudí los responsables del 80% de las ejecuciones.
Esto contrasta con los niveles a nivel mundial, que están en su segundo nivel más bajo desde 2010.
China, Irán, Egipto, Arabia Saudí y Siria son los países que más ejecuciones llevan a cabo, por este orden, según el informe.
De estas cifras, Egipto ejecutó a ocho mujeres, Irán a 14 y Arabia Saudí a una.
En octubre, las autoridades sirias llevaron a cabo la ejecución masiva de 24 personas acusadas de estar implicadas en el encendido de incendios forestales en 2020, con lo que pasó a ser el quinto país con más ejecuciones el año pasado.
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En su momento, Amnistía lo describió como una "horripilante racha de ejecuciones". El organismo de control de los derechos acusó a Siria de llevar a cabo sentencias de muerte tras juicios secretos basados en confesiones extraídas mediante tortura.
Argelia, Egipto, Irán, Arabia Saudí y Yemen ejecutaron la pena de muerte tras procedimientos que no cumplían las normas internacionales sobre juicios justos.
Según el informe, se produjo un fuerte aumento del número de condenas a muerte dictadas en Egipto, Irak y Líbano.
Aunque en Líbano hay una moratoria de las ejecuciones desde hace 18 años, el poder judicial sigue condenando a muerte.
Informes recientes sugieren que Egipto ha pospuesto la ejecución de sentencias de muerte mientras aumenta la presión interna para evitar las protestas, ya que los precios siguen disparados después de que la invasión rusa de Ucrania agravara la inflación.
En marzo, la ONU pidió a Egipto que introdujera una moratoria en el uso de la pena de muerte después de que siete personas fueran ejecutadas tras un juicio que no cumplía las normas del debido proceso.
En aquel momento, Amnistía afirmó que al menos seis de ellas habían desaparecido forzosamente y habían sido torturadas para obtener las "confesiones" utilizadas para condenarlas.
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