Las autoridades turcas publicaron el viernes un informe elaborado por la Institución del Defensor del Pueblo de Turquía en el que se afirmaba que Grecia había violado los derechos de decenas de miles de refugiados que intentaban entrar en su territorio a través de Turquía.
Las autoridades turcas señalaron que las autoridades de Atenas habían obligado a unos 42.000 solicitantes de asilo a regresar a Turquía por tierra y mar desde 2020, mientras que muchos han sido sometidos a un trato inhumano.
El informe se titulaba " Devoluciones forzadas y ahogo de los derechos humanos en el mar Egeo" y destacaba las violaciones de Grecia contra los migrantes.
Migrantes irregulares rechazados por Grecia - Caricatura [Sabaaneh/Middle East Monitor].
También señalaba que los agentes griegos a veces esposaban a los migrantes, no les proporcionaban chalecos salvavidas y a veces los arrojaban directamente al mar.
El informe también indicaba que las prácticas contra los migrantes que fueron expulsados a la fuerza por Grecia a través del río Meric transmiten el alcance de la fealdad de las violaciones.
Según el material documentado, el 98% de los rechazos implican tortura y malos tratos.
El informe afirmaba que el porcentaje de niños sometidos a violencia, acoso o explotación o que han sido testigos de estas prácticas alcanza el 68%.
El informe afirmaba que hay pruebas de que Frontex (Agencia de Fronteras y Guardacostas de la Unión Europea (UE)) apoyó estas acciones de Grecia o hizo la vista gorda en muchos casos.
El informe pide a la UE que tenga en cuenta los derechos humanos y las leyes de protección internacional en todas sus decisiones y prácticas relacionadas con la migración, los migrantes y el control de las fronteras, y que abandone la política de prevenir la migración a toda costa, centrándose en cambio en combatir sus causas.
El informe también subrayó la necesidad de que Grecia abandone las prácticas sistemáticas de devolución y trate a los migrantes de forma digna.
También subrayó la necesidad de que Atenas dé marcha atrás en su política de negar los empujones y lleve a cabo investigaciones independientes e imparciales sobre las denuncias.
Por otra parte, el informe sugería que Turquía se esforzara por establecer una comisión internacional para investigar los casos de devoluciones.
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