El fin de semana, las autoridades sudanesas entregaron a 21 disidentes del gobierno a las autoridades egipcias, acusándolos de participar en un acto terrorista en el barrio de Jabra, en Jartum.
Su deportación ha suscitado una gran preocupación entre los activistas de derechos humanos, especialmente porque uno de los hombres, Muhammad Ibrahim, fue deportado junto con su esposa, sus tres hijos y sus tres hijas.
Los grupos de derechos humanos han afirmado que los egipcios deportados han sido juzgados en ausencia en casos de motivación política y que se sabe muy bien lo que les ocurrirá en su país.
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Las cárceles de Sisi - Caricatura [Sabaaneh/Monitor de Oriente]
El periodista egipcio residente en Turquía, Haytham Abokhalil, declaró a MEMO: "Lo que ha hecho el régimen de Sudán es un gran crimen. Saben que el poder judicial en Egipto está politizado y que no hay juicios justos".
En 2020, el hermano de Haytham, un reconocido psiquiatra, murió en una celda de la cárcel egipcia por negligencia médica tras ser detenido como medida de castigo por los informes críticos de Haytham sobre el gobierno egipcio.
"Si esos inocentes son acusados de algún delito, como el incidente de Jabra que tuvo lugar hace unos dos años, deben ser juzgados en Sudán y sus supuestos delitos deben ser aclarados", añade Haytham. "Sobre todo porque afirman que hubo víctimas por sus acciones. Que se entregue a estos inocentes es incomprensible".
Incomprensible, sí, pero no es la primera vez que Jartum entrega a El Cairo a críticos del gobierno. En 2021, las autoridades sudanesas detuvieron a Habiba Ahmed Mohamed en la región sudanesa del Nilo Oriental, junto con su madre y su hermana, y la deportaron a Egipto.
En enero de este año, el ciudadano egipcio Hossam Menoufy Sallam desapareció forzosamente después de que su avión con destino a Turquía hiciera un aterrizaje de emergencia en Luxor. Vivía exiliado en Sudán y fue detenido brevemente en el aeropuerto de Jartum antes de embarcar en su vuelo.
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Hossam fue condenado a 25 años en ausencia en marzo de 2020 y acusado de estar "implicado en varios actos terroristas" por la justicia egipcia.
Esta última deportación se produce en un contexto de profundización de los lazos entre Egipto y Sudán, hasta el punto de que, tras el golpe de Estado del año pasado en Sudán, los líderes de la oposición acusaron al presidente egipcio, Abdel Fattah Al-Sisi, de dar luz verde al general sudanés Abdel Fattah Al-Burhan para derrocar al primer ministro Abdallah Hamdok.
"No hay duda de que lo ocurrido supuso una complicidad entre la autoridad golpista de Egipto y el régimen militar de Sudán", afirma Abokhalil. "Lamentablemente, se espera que haya atropellos similares".
Según el Frente Egipcio para los Derechos Humanos, con sede en la República Checa, están aumentando los casos de egipcios en el extranjero que se enfrentan a la deportación. El director ejecutivo de EFHR, Ahmed Attalla, dijo a MEMO que supervisaron un caso en julio de 2019 en el que ocho egipcios fueron deportados de Kuwait, sobre la base de las órdenes de detención y la cooperación de seguridad entre Kuwait y Egipto.
"Creemos que la cooperación y la cercanía en las opiniones políticas estratégicas entre Egipto y sus aliados en la región árabe, especialmente con los regímenes de los países del Golfo como KSA, EAU, Kuwait y Sudán, conduce a violaciones como esta", dijo Attalla.
"En general, podemos decir que Kuwait ayudó a las autoridades egipcias deteniendo a personas que residían en sus tierras y deportándolas a Egipto, a sabiendas de que eran objeto de detención y otras violaciones adicionales tras su llegada, además de torturar a algunas de ellas mediante palizas, arrastre y acoso sexual en sus tierras durante el proceso de deportación, e impedirles disponer de su dinero en Kuwait."
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Líbano, Turquía, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Malasia han deportado a egipcios de vuelta a El Cairo desde el golpe militar de 2013, según un artículo de 2019 de Rassd, al igual que los países europeos España y Alemania.
Hace cuatro años, MEMO informó de cómo un imán egipcio fue deportado desde Madrid, a pesar de tener residencia legal en España, de vuelta a Egipto, donde fue detenido en la cárcel de máxima seguridad de Tora.
A menudo estas deportaciones se realizan con el pretexto de la "lucha contra el terrorismo". Los grupos de derechos han advertido continuamente que Egipto está utilizando la guerra contra el terrorismo para atacar a los defensores de los derechos humanos, incluso mediante una ampliación de la legislación que es amplia, inexacta y está envuelta en el secreto.
Tras la reunión del Consejo de Asociación UE-Egipto de la semana pasada, la UE elogió a Egipto por codirigir el Foro Mundial contra el Terrorismo, a pesar de los crecientes abusos de Egipto en nombre de la lucha contra el terrorismo.
Los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los políticos han sido calificados de terroristas y el ejército está llevando a cabo graves violaciones en el norte del Sinaí, todo ello bajo esta bandera.
Para empeorar las cosas, las deportaciones tuvieron lugar al comienzo de la Semana del Refugiado, un festival que celebra las contribuciones de los refugiados y su resistencia.
"El artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU establece que toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en otros países contra la persecución", afirma Abokhalil.
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