El Partido Republicano pidió a las autoridades tunecinas que se retiraran de las maniobras militares "León Africano", dirigidas por Estados Unidos y organizadas por Túnez, Marruecos, Ghana y Senegal. Se espera que Israel participe en el ejercicio.
El Partido Republicano condenó, en un comunicado emitido el martes, "el compromiso del régimen del 25 de julio en la vía de la normalización en más de un ámbito". El partido responsabilizó plenamente al presidente de la República de la adopción de una política que viola profundamente los principios nacionales del pueblo tunecino y de su Estado".
El partido consideró que este compromiso "tendrá el peor impacto en nuestras relaciones con nuestros vecinos regionales, y se considera una puñalada en la espalda del pueblo palestino que se enfrenta valientemente a la maquinaria de guerra sionista".
El Partido Republicano pidió la "retirada inmediata de Túnez de estas maniobras", exigiendo que "las autoridades presenten una declaración detallada al pueblo tunecino sobre los motivos de su participación en estas maniobras."
Desde el 25 de julio de 2021, el presidente Kais Saied ostenta un poder casi total tras destituir al primer ministro, suspender el Parlamento y asumir la autoridad ejecutiva alegando una emergencia nacional.
El 29 de septiembre del mismo año nombró un primer ministro y desde entonces se ha formado un gobierno. En diciembre, Saied anunció que el 25 de julio se celebraría un referéndum para estudiar "reformas constitucionales" y que las elecciones se celebrarían en diciembre de 2022.
La mayoría de los partidos políticos del país tacharon la medida de "golpe contra la Constitución" y los logros de la revolución de 2011. Los críticos afirman que las decisiones de Saied han reforzado los poderes de la presidencia en detrimento del parlamento y el gobierno, y que pretende transformar el gobierno del país en un sistema presidencialista.
En más de una ocasión, Saied, que inició un mandato presidencial de cinco años en 2019, dijo que sus decisiones excepcionales no son un golpe de Estado, sino medidas en el marco de la Constitución para proteger al Estado de un "peligro inminente".
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