El gobierno egipcio ha anunciado que desalojará todas las casas flotantes residenciales en el río Nilo a partir de mañana, tras avisar con sólo seis días de antelación.
Una petición en la que se pide ayuda a las organizaciones que preservan el patrimonio histórico ha reunido hasta ahora algo más de 3.500 firmas.
"Más de 30 casas flotantes que forman parte del patrimonio histórico egipcio serán demolidas sin ninguna compensación", reza la petición en change.org.
"Las casas flotantes no son sólo viviendas de personas. Algunas de estas casas flotantes son monumentos históricos del Egipto contemporáneo que tienen siglos de antigüedad".
"Han formado parte de la edad de oro del cine egipcio, reconocido en todo el mundo árabe".
El gobierno egipcio lleva meses demoliendo barrios residenciales en todo Egipto. Los críticos acusan a las autoridades de evacuar a los residentes, en su mayoría pobres, para que los terrenos puedan ser utilizados por ricos inversores.
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En febrero, las autoridades evacuaron a los residentes de los barrios de Al-Jayara, Hosh Al-Ghajar, Al-Sukar y Al-Lemon, en el Viejo Cairo, para dar paso a un proyecto de turismo, cultura y entretenimiento.
Un mes antes, el gobierno anunció que derribaría 4.500 viviendas en el sexto y séptimo distrito de Nasr City, un barrio de El Cairo, para construir nuevas torres residenciales.
Los residentes dijeron que se les ofrecieron apartamentos alternativos en una zona más pobre.
En 2020, las fuerzas de seguridad mataron a una niña de cuatro días tras atacar con gases lacrimógenos y porras a los residentes de Maawa Al-Sayadeen, en la ciudad costera del norte de Alejandría.
La policía también encarceló a 42 manifestantes que se manifestaban contra la decisión del gobierno de demoler sus casas y trasladarlas a una zona de la ciudad donde no podían pagar el alquiler.
Los lugareños acusaron al gobierno de desbrozar el terreno para poder desarrollarlo con fines turísticos y que los inversores y empresarios invirtieran en él.
En 2017, la isla de Warraq, en Egipto, se convirtió en un símbolo de los planes de desplazamiento y aburguesamiento del gobierno, después de que los residentes salieran a la calle para manifestarse contra la demolición de edificios por parte de la policía y las fuerzas armadas.
Las autoridades acusaron a los residentes de vivir en edificios sin licencia que se habían construido en terrenos de propiedad estatal y arrasaron 700 casas.
Los críticos acusaron al gobierno de destinar los terrenos a nuevos y ostentosos proyectos de desarrollo y a inmuebles de primera categoría.
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