La Unión General de Trabajadores de Túnez (UGTT) anunció el lunes su decisión de lanzar una nueva huelga nacional en el sector público, incluidas las empresas estatales. La huelga es una protesta contra la política económica del gobierno, y está prevista para satisfacer las demandas sociales de los trabajadores tras el paro de hace diez días.
"El órgano de administración del sindicato decidió una huelga general en el sector público y los servicios públicos, y autorizó a la Oficina Ejecutiva Nacional a determinar su fecha y disposición", explicó el Secretario General de UGTT, Noureddine Taboubi. "Somos partidarios del diálogo, nuestro objetivo no es la huelga en sí. Incluso después de diez días desde la huelga general del 16 de junio, el gobierno no ha llamado al diálogo".
Afirmó que este silencio del gobierno forma parte de una política sistemática que pretende dar al Fondo Monetario Internacional (FMI) la imagen de que Túnez es el único país que no ha cedido a las demandas de los trabajadores. "Tras la propagación de la pandemia del Covid-19 y el aumento de la inflación debido a la guerra de Ucrania, existe una voluntad política en todos los países del mundo de modificar el poder adquisitivo de la sociedad, excepto en Túnez".
La UGTT, dijo Taboubi, quiere "un diálogo serio y responsable con el gobierno, un diálogo que produzca resultados para todas sus demandas". Mientras tanto, pide al gobierno tunecino que suba los salarios de los empleados del sector público y mejore su poder adquisitivo. Esto es aparte de otras demandas para mejorar las condiciones de trabajo.
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"La huelga nos fue impuesta por el gobierno", dijo el líder sindical, "tras su política de ignorar nuestras demandas".
Túnez sufre la peor crisis económica desde su independencia en 1956 debido a la inestabilidad política desde la revolución de 2011 y a las repercusiones de la pandemia de coronavirus. Hay continuas demandas de reforma económica.
La UGTT niega que la huelga esté politizada, dada la crisis que atraviesa el país desde el pasado mes de julio, cuando el presidente Kais Saied impuso sus "medidas excepcionales", entre ellas la destitución del Gobierno y la disolución del Parlamento y del Consejo Judicial Supremo.
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