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Los grupos de derechos piden a Egipto que permita las protestas pacíficas en la COP27

Manifestantes en El Cairo, Egipto [Kuni Takahashi/Getty Images].

Más de 35 organizaciones de derechos humanos han pedido a las autoridades egipcias que permitan la celebración de protestas pacíficas en la COP27.

Periodistas, representantes del gobierno y expertos se reunirán en el balneario del Mar Rojo de Sharm El-Sheikh con motivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en noviembre para debatir sobre la acción climática basada en los derechos.

Sin embargo, desde hace meses, activistas y organizaciones de derechos humanos han expresado su profunda preocupación por lo que pueda ocurrir con los manifestantes, dado que Egipto ha prohibido de hecho el derecho de reunión y ha encarcelado a miles de manifestantes desde 2013.

Tradicionalmente, las protestas en la conferencia mundial duran días, pero en 2013 El Cairo promulgó una ley que criminaliza las protestas, castigadas con penas de cárcel y fuertes multas.

El ministro de Asuntos Exteriores de Egipto ha dicho que habrá una instalación adyacente al centro de conferencias para las personas que deseen protestar, pero los grupos de derechos dicen que esto obstaculizará la participación significativa de los activistas, la sociedad civil y los representantes de los pueblos indígenas.

"Las autoridades egipcias deben relajar su control sobre el espacio cívico y defender el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica para hacer posible el éxito de la cumbre sobre el clima", afirmaron las 36 organizaciones.

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Los grupos han afirmado que la legislación internacional sobre derechos humanos estipula que las protestas pueden ser escuchadas dentro de "la vista y el sonido" de su público objetivo y que las autoridades deben permitir incondicionalmente las reuniones en la conferencia sobre el cambio climático y en todo Egipto.

Sin embargo, los comentarios anteriores del ministro de Asuntos Exteriores, Sameh Shoukry, "dan a entender que las autoridades egipcias no tolerarán las protestas fuera de este espacio 'designado por el gobierno'", dice la declaración conjunta.

Egipto tiene un historial nefasto en materia de libertad de expresión y de reunión, con casi 1.000 manifestantes detenidos solo en septiembre de 2019.

El mes pasado, el Frente Egipcio para los Derechos Humanos, con sede en Chequia, exigió que el experto en medio ambiente Ahmed Al-Khouly fuera liberado antes de la COP27, después de pasar casi tres años en prisión por cargos inventados.

Ahmed, de 68 años, fue detenido durante la represión de septiembre en su casa por policías de paisano e interrogado sobre el Partido de la Independencia, del que es dirigente.

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Ahmed es también profesor de medio ambiente en el Centro de Investigación del Desierto y ha trabajado como experto medioambiental en la Organización Árabe para el Desarrollo Agrícola.

El activista medioambiental Ahmed Amasha lleva detenido desde el verano de 2020, desaparecido a la fuerza y torturado.

Se le ha prohibido recibir visitas, hacer ejercicio, reunirse con sus abogados, leer libros y recibir atención médica adecuada.

En mayo, Human Rights Watch (HRW) criticó la elección de Egipto como anfitrión de la conferencia advirtiendo que el Estado autoritario podría utilizar el evento para "encubrir su espantoso historial de abusos contra los derechos humanos".

El organismo de vigilancia de los derechos humanos también pidió a Egipto que pusiera en libertad a Amasha. Alrededor de 60.000 presos políticos se encuentran en las cárceles egipcias y son sistemáticamente torturados y se les niega la atención médica.

Actualmente, uno de los presos políticos más destacados es el icono de la revolución de 2011, Alaa Abdelfattah, que lleva más de 100 días en huelga de hambre.

En un mensaje enviado desde la cárcel, Alaa se preguntaba por qué Egipto acogía la cumbre del clima de la ONU cuando él mismo había prohibido las protestas y encarcelado a miles de personas.

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