Las enmiendas a la Constitución, que se someterán a referéndum el 25 de julio, demuestran un "desprecio por las leyes", afirmaron ayer cinco partidos tunecinos.
En un comunicado conjunto emitido por el Partido Republicano, la Corriente Democrática, el Foro Democrático por el Trabajo y las Libertades, el Partido Laborista y el Polo Democrático Modernista, se afirma que "la emisión de una orden presidencial (..) relativa a la revisión y corrección del ejemplar del proyecto de constitución de Kais Saied y su publicación en el Boletín Oficial se considera un desprecio de las leyes y una violación incluso de los decretos emitidos por el gobernante individual [el presidente Saied], en el marco de su golpe de Estado contra la legitimidad constitucional".
El comunicado señalaba que "estas enmiendas fueron como un maquillaje con el que el gobernante individual intentó embellecer una constitución que consolida el dominio individual, y allana el camino para el retorno del régimen autoritario, en total contradicción con los principios y pilares del estado civil democrático".
Las autoridades no comentaron estas acusaciones; sin embargo, suelen negar tales afirmaciones y afirmar su compromiso con la democracia en el país.
Saied ostenta un poder casi total desde el 25 de julio de 2021, cuando destituyó al primer ministro, suspendió el Parlamento y asumió la autoridad ejecutiva alegando una emergencia nacional.
El 29 de septiembre del mismo año nombró un primer ministro y desde entonces se ha formado un gobierno. En diciembre, Saied anunció que el 25 de julio se celebraría un referéndum para estudiar "reformas constitucionales" y que las elecciones se celebrarían en diciembre de 2022.
La mayoría de los partidos políticos del país tacharon la medida de "golpe contra la Constitución" y los logros de la revolución de 2011.
de 2011. Los críticos afirman que las decisiones de Saied han reforzado los poderes de la presidencia en detrimento del parlamento y el gobierno, y que pretende transformar el gobierno del país en un sistema presidencialista.
En más de una ocasión, Saied, que inició un mandato presidencial de cinco años en 2019, dijo que sus decisiones excepcionales no son un golpe de Estado, sino medidas en el marco de la Constitución para proteger al Estado de un "peligro inminente".
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