El estallido de violencia en el Nilo Azul que ha provocado la muerte de al menos 60 personas este fin de semana y más de 100 heridos no era, por desgracia, inesperado. La tensión se venía acumulando desde hace muchos meses y ahora representa una ola de violencia que se extiende por el este, el oeste y el centro de Sudán.
En el último incidente, los grupos del Nilo Azul se han enfrentado por antiguas disputas de tierras y desacuerdos sobre los derechos de cultivo y ganado, a menudo en pastos y zonas ancestrales. Según los informes, las tensiones venían aumentando desde hace tiempo, desde los cambios políticos del 25 de octubre de 2021, en los que el ejército sudanés disolvió el gobierno civil compartido.
Sin embargo, gran parte de la violencia parece provenir de desacuerdos no resueltos que han quedado pendientes sin solución. Ejemplos de estas disputas son los problemas entre el norte y el sur de Sudán en la región de Abyei, que permanece bajo la Fuerza de Seguridad Interina de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA), una fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU. La disputa en el Nilo Azul ha creado una región autónoma con dos facciones del Movimiento Popular de Liberación de Sudán (SPLM-N).
En Darfur, a pesar del Acuerdo de Paz de Juba, sólo en 2021 se registraron más de 200 incidentes de violencia, según la Agencia de la ONU para los Refugiados, y unos tres millones de personas siguen desplazadas en los cinco estados de Darfur. En el Chad, los recién llegados han encontrado refugio en cinco localidades cercanas a la frontera y necesitan urgentemente alimentos, agua y refugio. La agencia de la ONU les está proporcionando ayuda de emergencia. Chad acoge a 520.000 refugiados, el 70% de los cuales proceden de Sudán.
Según los medios de comunicación locales, la violencia en el Nilo Azul tiene su origen en la disputa entre la tribu Berti, que rechazó la petición del grupo Hausa de crear una "autoridad civil para supervisar el acceso a la tierra". La petición se produjo tras la firma del Acuerdo de Paz de Juba, en el que se estableció una disposición legal para que las tierras de la zona del Nilo Azul se asignaran a grupos como los Berti, los Ingasina y los Fung.
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Sin embargo, un alto cargo de los béticos dijo a la prensa que la tribu respondía a una "violación" de sus tierras por parte de los hausas. Esta "violación" no tiene un precedente legal y a menudo es difícil averiguar quién tenía derecho a usar la tierra. En particular, cuando las relaciones entre los grupos comunales son agradables, los acuerdos se hacen a menudo sobre una base ad hoc. Estos acuerdos informales suelen rescindirse cuando las relaciones entre los grupos vuelven a ser hostiles.
El portavoz del grupo opositor Fuerzas de la Libertad y el Cambio (FFC), Wagdi Saleh, acusó a elementos no especificados, apoyados por el ejército, de inflamar los acontecimientos del Nilo Azul "imponiendo políticas para desviarse de los lemas de la revolución", dijo. Desde 2020, los partidarios de la revolución, incluido el Movimiento Popular de Liberación de Sudán-Norte (SPLM-N), dirigido por Malik Agar, han tenido el control del gobierno autónomo del Nilo Azul.
Ese control ha seguido siendo decididamente incómodo dado que gran parte de la zona sur está controlada por otra facción del Movimiento Popular de Liberación de Sudán - Norte (SPLM-N) encabezada por Abdel Aziz Al Hilu. Éste se ha negado a firmar el Acuerdo de Paz de Juba hasta que Sudán se convierta en un Estado laico. La creciente inestabilidad está provocando una casi ruptura de la ley que se ha generalizado en varias ciudades del sur.
El aumento de los conflictos en la zona fronteriza ha provocado el despliegue de las Fuerzas del Ejército de Sudán y de las Fuerzas de Apoyo Rápido, que intentan mantener la paz, a veces con mano dura. Sin embargo, la falta de acuerdo en estas zonas, según las agencias de ayuda, ha agravado la situación humanitaria. Unas 440.000 personas necesitan ayuda humanitaria, mientras que entre octubre de 2021 y febrero de 2022 el 13% de la población estaba en crisis. Unas 50.000 personas sufren desnutrición aguda, mientras que el 8,6% de la población necesita ayuda alimentaria.
El conflicto en la zona etíope de Tigray, los problemas en torno a la presa del Gran Renacimiento Etíope (GERD) y la militarización en la región etíope de Benishangul-Gumuz provocaron el cierre de las fronteras entre el Nilo Azul y Etiopía. Esto ha afectado al comercio transfronterizo, al intercambio de suministros y a las actividades agrícolas, y ha aumentado la vulnerabilidad de las personas que viven cerca de las fronteras en ambos lados. También ha repercutido negativamente en el movimiento de los refugiados que regresan de Etiopía a Sudán.
Sin duda, lo que ocurre en Jartum, con las protestas y las muertes de manifestantes que se registran cada día, acaba debilitando el control de la seguridad en todo el país. A menos que se establezca la estabilidad política -y hasta cierto punto económica- en todo Sudán, parece que los toques de queda y los estados de emergencia impuestos en varias regiones, incluido el último en la zona del Nilo Azul, tendrán que continuar, como medidas provisionales, hasta que se pueda instalar un gobierno elegido y estable en todo el país.
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