Las organizaciones de derechos humanos piden a las autoridades estadounidenses que retengan 300 millones de dólares de ayuda militar a Egipto, ya que el país no ha cumplido las condiciones de derechos humanos impuestas a la financiación.
El dinero forma parte de los 1.300 millones de dólares de la financiación militar del año fiscal 2021 para Egipto, de los cuales 1.000 millones, que no tienen condiciones de derechos humanos, ya han sido transferidos.
La ley del año fiscal 2021 estipula que 225 millones de dólares deben ser retenidos hasta que Egipto tome "medidas sostenidas y efectivas" sobre las condiciones de derechos humanos y los 75 millones de dólares restantes deben ser retenidos hasta que el gobierno avance en la liberación de los presos políticos y les permita el debido proceso.
Dirigiendo la carta al Secretario de Estado Antony Blinken y al Asistente del Presidente para Asuntos de Seguridad Nacional Jake Sullivan, las 20 organizaciones escriben que el gobierno egipcio ha fallado abyectamente "en el cumplimiento de las condiciones de derechos humanos ordenadas por el Congreso".
"Proporcionar esta ayuda militar adicional a Egipto en estas circunstancias contradiría las frecuentes promesas de la administración Biden de situar los derechos humanos en el centro de la política exterior estadounidense, incluyendo específicamente su relación con Egipto".
La carta, entre cuyos firmantes se encuentran la Iniciativa por la Libertad y el Comité por la Justicia, continúa diciendo que la brutal represión del presidente Abdel Fattah Al-Sisi ha desestabilizado el país y ha cometido un "asombroso número de graves violaciones de los derechos humanos", entre ellas torturas, ejecuciones extrajudiciales y censura.
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Miles de personas siguen detenidas a pesar de las iniciativas de reforma diseñadas para el consumo mundial, como la Estrategia Nacional de Derechos Humanos y el Diálogo Nacional, en el que El Cairo promete revisar las violaciones, incluidas la pena de muerte y la tortura.
En Egipto, los presos políticos son sistemáticamente torturados y se les niega la atención médica, mientras que ha habido una particular represión contra cualquiera que haya participado en la revolución de 2011. Esta represión ha continuado más allá del anuncio de estas iniciativas.
Hay pruebas de que el equipo militar estadounidense se ha utilizado en violaciones de los derechos humanos, prosigue la carta, que insta al gobierno de Estados Unidos a suspender la venta de armas a Egipto, lo que es aún más urgente puesto que todavía no se han cumplido las condiciones del último lote de financiación militar.
En enero, el gobierno estadounidense retuvo 130 millones de dólares de la financiación militar extranjera del año fiscal 2020 hasta que el gobierno egipcio retirara los cargos contra 16 ciudadanos acusados en casos de motivación política y cerrara el caso 173, que tiene como objetivo a la sociedad civil del país.
Sin embargo, aunque desde entonces se ha liberado a un puñado de presos políticos, miles de ellos siguen encarcelados. El Caso 173 no se ha cerrado, y el gobierno de EE.UU. completó al mismo tiempo un acuerdo de armas de 2.500 millones de dólares con Egipto, que eclipsó totalmente la cantidad de ayuda retenida.
En aquel momento, los funcionarios estadounidenses afirmaron que la venta de aviones de transporte militar y sistemas de radar y la retención de la ayuda militar no estaban relacionadas, a pesar de las protestas de las organizaciones de derechos humanos.
Los defensores de los derechos también consideraron en su momento que la retención de 130 millones de dólares de ayuda militar era inadecuada dada la magnitud de los abusos contra los derechos en el país.
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