El Centro Palestino de Estudios sobre Prisioneros reveló el miércoles que los tribunales militares israelíes han emitido 1.056 órdenes de detención administrativa desde el comienzo de 2022. De ellas, dijo el centro, 469 son nuevas órdenes y 587 han sido renovadas.
"La detención administrativa es una política criminal destinada a agotar la vida de los palestinos en la cárcel sin una base legal", dijo Riyad al-Ashqar, director del centro y ex prisionero él mismo. "Está dictado por el deseo de los oficiales de ocupación israelíes y de los tribunales militares, que reciben órdenes basadas en expedientes secretos".
Según Al-Ashqar, esta es la razón por la que los presos en régimen de detención administrativa se ponen en huelga de hambre durante largos periodos para presionar a las autoridades de ocupación israelíes para que los liberen. Khalil Awawdeh, por ejemplo, lleva unos cinco meses en huelga de hambre.
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En la actualidad, hay 660 palestinos en detención administrativa dentro de las cárceles israelíes. Entre ellos hay cuatro diputados, dos mujeres -una de ellas periodista- y dos menores.
Los presos sometidos a detención administrativa no pueden ser acusados ni juzgados, y las órdenes pueden renovarse repetidamente. Los presos actuales llevan boicoteando los tribunales militares israelíes desde principios de este año, en un intento de sacar a la luz su situación.
Al-Ashqar hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que adopte una posición firme contra la detención administrativa, que supone una violación flagrante de las leyes y los convenios internacionales.
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