El Movimiento Ennahda de Túnez expresó su satisfacción por la decisión del Tribunal Administrativo de suspender la aplicación de las órdenes de destitución presidencial contra varios jueces.
El pasado miércoles, el Tribunal Administrativo decidió suspender la aplicación de la decisión del presidente Kais Saied de destituir a varios jueces, según un comunicado judicial.
La Agencia Anadolu informó de que Ennahda anunció en un comunicado que: "Expresa su satisfacción por la decisión del Tribunal Administrativo de suspender la aplicación de un gran número de decisiones de despido injustas emitidas el 1 de junio de 2022".
Ennahda consideró que: "Lo que el Tribunal Administrativo ha tomado representa la justicia para los jueces y la rehabilitación para ellos después de haber sido despedidos, difamados, dañando el honor de algunos de ellos y acusándolos de corrupción sin ningún fundamento ni prueba".
Ennahda subrayó que: "esta decisión es un paso importante en el camino de la independencia del poder judicial y el rechazo del poder judicial a las instrucciones y el favoritismo".
Las autoridades tunecinas no emitieron ningún comentario inmediato sobre la declaración de Ennahda, aunque suelen negar tales acusaciones y afirmar su compromiso con la independencia del poder judicial.
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El pasado mes de junio, el presidente Saied emitió una orden para destituir a 57 jueces de sus funciones, acusados de "cambiar el curso de los casos", "perturbar las investigaciones" sobre casos de terrorismo y cometer "corrupción financiera y moral", algo que los jueces niegan.
El decreto de destitución de los 57 jueces fue rechazado por los sindicatos y partidos tunecinos y provocó fuertes críticas internacionales, especialmente por parte de Estados Unidos y Amnistía Internacional.
Desde el 25 de julio de 2021, Túnez ha sido testigo de una grave crisis política cuando Saied impuso medidas excepcionales, como la destitución del gobierno y el nombramiento de uno nuevo, la disolución del Consejo Judicial Supremo y del Parlamento, la promulgación de leyes mediante decretos presidenciales, la aprobación de una nueva Constitución mediante un referéndum el 25 de julio y la fijación de una fecha temprana para las elecciones parlamentarias el 17 de diciembre.
Las fuerzas tunecinas consideran estas medidas como un "golpe contra la Constitución de 2014 y una consolidación de un gobierno individual absoluto", mientras que otras fuerzas las ven como una "corrección del rumbo de la revolución de 2011" que derrocó al ex presidente Zine El Abidine Ben Ali.
Por su parte, Saied, que inició un mandato presidencial de cinco años en 2019, asegura que sus medidas son legales y necesarias para salvar a Túnez de un "colapso total".
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