No es raro que los presidentes del tercer mundo redacten sus propias constituciones, una vez en el poder. Suelen hacerlo para prolongar su presidencia o para dar paso a sus sucesores preferidos cuando ellos ya no están. ¿Cómo lo hacen? Muy sencillo: una vez en el poder, normalmente mediante un golpe militar, el presidente y sus compinches piden a los especialistas que redacten una nueva constitución que sustituya a la existente. En la última década, esto ha sucedido en media docena de países, entre ellos Argelia, Egipto, Malí y Túnez, por supuesto.
La "nueva Constitución para la nueva república", como la llama Saied, entró en vigor el 16 de agosto, es decir, el día en que la comisión electoral anunció los resultados definitivos, y se convirtió en el punto de referencia para todo lo que vendría después.
Sin embargo, lo ocurrido en Túnez sigue siendo un caso único de "reforma" constitucional por dos razones: una, el presidente que cambió la Constitución fue elegido con el 70% de los votos en 2019 y sigue siendo popular incluso hoy, por muy disminuida que esté esa popularidad. Y, dos, Kais Saied efectivamente pidió a los expertos que redactaran una nueva Constitución, pero no le gustó así que editó el borrador él mismo. Después de todo, es un profesor de Derecho Constitucional. La ironía aquí es que él fue uno de los expertos que redactó la Constitución de 2014, que ahora ha sustituido.
A pesar de todos los esfuerzos e intentos por desbaratar la agenda del Sr. Saied, el hombre sigue adelante mientras disfruta de un caso único de apoyo popular que Túnez no ha visto en décadas, si es que lo ha hecho. La mayoría de los políticos y partidos políticos hicieron todo lo posible para detener al presidente desde que anunció su toma de posesión del gobierno el 25 de julio de 2021. Cuando disolvió el Parlamento elegido el pasado mes de marzo, los esfuerzos de la oposición se intensificaron, pero su fracaso es una victoria rotunda para él, como demuestran los resultados del último referéndum.
Espectacularmente, el presidente estuvo a punto de perder el único desafío legal serio a su autoridad. A mediados de junio destituyó a 57 jueces, acusándoles de corrupción y apoyo al terrorismo por no actuar en casos de terrorismo. Sin embargo, el 10 de agosto, el tribunal administrativo revocó su decisión, restituyendo a la mayoría de los jueces destituidos. Los observadores esperaban con ansiedad esta decisión y sus posibles repercusiones más amplias, en relación con los poderes autoproclamados del presidente. El caso dio un nuevo giro cuando el Ministerio de Justicia rechazó la decisión del tribunal, lo que significa que los jueces afectados no podrán volver a trabajar. El Ministerio dijo que los 47 jueces reincorporados por el tribunal administrativo todavía tienen que enfrentarse a investigaciones por otros delitos.
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Sin embargo, el apoyo público a los jueces destituidos ha sido escaso, lo que podría significar que los tunecinos de a pie se ponen del lado de su presidente. Pero toda la lucha legal no tendrá ningún efecto sobre la cuestión más amplia de la democracia en el país. Los opositores de Saied le acusan de haber orquestado un golpe de Estado y de que sus acciones están dando paso a una nueva dictadura, una década después de la expulsión del anterior presidente. Sin embargo, no han conseguido el apoyo de la opinión pública.
Por el momento, el presidente Saied sigue adelante con las elecciones en su agenda. El 17 de diciembre se elegirá un nuevo parlamento, con una nueva cámara de "regiones y distritos". Este nuevo tipo de Cámara Baja pretende transferir el poder a las autoridades locales en determinadas cuestiones, como los servicios y las autoridades municipales. Como una forma de luchar contra la corrupción, el Sr. Saied cree que tener un gobierno local más fuerte facilitará la rendición de cuentas y ayudará a controlar el despilfarro gubernamental.
Está claro que el Sr. Saied nunca creyó en la república parlamentaria multipartidista con un presidente ceremonial. Desde que llegó al poder en 2019, ha estado culpando a las disputas entre los funcionarios electos de gran parte de los problemas de Túnez, un hecho que la mayoría de los tunecinos de a pie experimentan cada día.
El Sr. Saied siempre ha creído que Túnez necesita un presidente más fuerte, que no rinda cuentas a casi nadie. Esto se ha reflejado en la nueva Constitución, que no prevé ningún mecanismo para saber cuándo y cómo se puede destituir al presidente. Sus partidarios defienden esto diciendo que es un hombre honesto, que no gana nada con la "reforma" constitucional. Pero parecen ignorar la cuestión: ¿qué ocurrirá cuando otra persona llegue al poder?
Todo depende de la nueva ley electoral que está redactando el gobierno y de cómo influirá en los diferentes partidos políticos del país -se formaron más de 70 partidos tras la revolución de 2011-. La gran incógnita sigue siendo cómo se está configurando el nuevo juego político, y aún no está claro el papel que desempeñarán los grupos políticos. También la Constitución como documento legal, aunque vinculante en su interpretación, es más crítica en la configuración del panorama político de cualquier país, y Túnez no es una excepción. La propia interpretación del presidente Saied de ciertos artículos constitucionales de 2014, y no la Constitución en sí, es objeto de desacuerdos con sus oponentes.
En cualquier caso, el Sr. Saied llegó al poder en nombre de la mayoría en unas elecciones justas. Todo lo que ha hecho después ha sido popular, hasta ahora. Las acusaciones contra él siguen sin estar fundamentadas, pero sus poderes son claros como lo ha sido su base popular. El jurado aún no se ha pronunciado sobre la cuestión: ¿está el presidente Saied preparando el camino para un nuevo régimen dictatorial en el lugar de nacimiento de la "primavera árabe", o es un presidente honesto con los pies en la tierra, que escucha las voces de la mayoría y trata de hacer lo que la mayoría del pueblo quiere, por el pueblo y para el pueblo? Cuando se celebren las elecciones legislativas de diciembre, quizá lo sepamos.
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