Un juez de Estados Unidos ha recomendado que no se permita a las víctimas de los atentados del 11-S ni a sus familias recibir miles de millones de dólares en activos del Banco Central de Afganistán, alegando que esos activos están fuera de la autoridad del gobierno estadounidense.
Según la jueza estadounidense Sarah Netburn, que se reunió ayer en Manhattan, el Banco de Afganistán es inmune a la jurisdicción, y permitir que las víctimas de los atentados del 11-S se apoderen de los miles de millones demostraría efectivamente que Washington reconoce a los talibanes como el legítimo gobierno afgano.
"Las víctimas de los talibanes han luchado durante años por la justicia, la responsabilidad y la compensación. No tienen derecho a menos", escribió en su recomendación. "Pero la ley limita las indemnizaciones que puede autorizar el tribunal y esos límites hacen que los bienes de la DAB queden fuera de su competencia".
Esta recomendación -que deberá ser revisada por el juez de distrito estadounidense George Daniels en Manhattan para ser aceptada- podría suponer un importante obstáculo para los esfuerzos de cuatro grupos de acreedores que están demandando a numerosos acusados en el caso en curso a los que consideran responsables de los atentados.
Entre los acusados también se encuentra Al-Qaeda, cuyo líder -Aymán al-Zawahiri- habría muerto en un ataque aéreo estadounidense sobre Kabul el mes pasado. Sin embargo, los críticos afirman que aún no se ha demostrado el asesinato de este personaje, ya que su cuerpo sigue sin aparecer.
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Tras la toma de Afganistán por los talibanes hace un año y la posterior congelación de 9.000 millones de dólares en activos del Banco Central afgano que las naciones occidentales han congelado, los grupos reivindicativos han intentado apoderarse de parte de los 7.000 millones de dólares en fondos que el propio Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos ha congelado de esa cantidad.
En febrero, el presidente estadounidense Joe Biden anunció una orden ejecutiva para que 3.500 millones de dólares de los activos congelados se reservaran "en beneficio del pueblo afgano", mientras que los 3.500 millones restantes se utilizarían para las víctimas del 11-S y su batalla legal.
La medida ha resultado controvertida, ya que los críticos y activistas afirman que la totalidad de los fondos congelados pertenece al gobierno afgano o, al menos, al pueblo afgano, especialmente en medio de la actual crisis humanitaria en el país. También afirman que destinar la mitad del importe a las víctimas del 11-S es inexacto, ya que ningún afgano estuvo implicado en los atentados.
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