Entre los solicitantes de asilo en el Reino Unido que serán deportados a Ruanda como parte del controvertido plan de deportación del gobierno se encuentran víctimas de tortura y tráfico de personas, según reveló el jueves un informe crítico, informa la Agencia de Noticias Anadolu.
En un estudio sobre 36 solicitantes de asilo en el Reino Unido, el grupo de derechos humanos Medical Justice descubrió que personas extremadamente vulnerables han sido seleccionadas para ser deportadas por el gobierno. Entre ellas se encuentran hombres, mujeres y niños supervivientes de la trata y la tortura, y con un historial de problemas de salud mental.
"El gobierno británico ha llegado a un acuerdo cruel y desmedido, que expulsará a Ruanda a personas que han venido al Reino Unido en busca de seguridad y protección, sin que puedan regresar al país. Los solicitantes de asilo vulnerables ya están pagando el coste humano del acuerdo, antes de que se produzca ninguna expulsión", señala el informe.
"El acuerdo ha sido ampliamente condenado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, comisiones parlamentarias, activistas, organismos jurídicos y expertos médicos. El Gobierno ha sido criticado por socavar el sistema de asilo al eludir su responsabilidad internacional y se ha cuestionado la legalidad de este acuerdo", añade el informe.
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El informe reveló que, de los 36 solicitantes de asilo entrevistados, 26 personas tenían antecedentes de tortura y 17 presentaban indicadores de tráfico de personas. Quince personas mostraban síntomas de trastorno de estrés postraumático y 11 tenían pensamientos e ideas suicidas durante su detención en los centros de inmigración del Reino Unido.
Todas las personas que participaron en el estudio buscaban seguridad y protección en el Reino Unido, y algunas de ellas tenían familiares que ya residían en el país. No existen procesos de selección específicos que identifiquen a los solicitantes de asilo como víctimas de la tortura y el tráfico de personas, y el gobierno, según Medical Justice, ha reconocido que muchas de las personas a las que se pretende expulsar pueden no ser seguras o apropiadas para el plan.
Además de la falta de transparencia, este grupo de solicitantes de asilo ha sido sometido a un proceso acelerado de expulsión. El grupo de derechos ha documentado que se les ha notificado la expulsión entre dos y 28 días después de haber llegado al Reino Unido.
Muchos solicitantes de asilo han carecido de acceso a representación y asesoramiento jurídicos, y no han tenido acceso a documentos traducidos del Ministerio del Interior relativos a su inminente expulsión y deportación a Ruanda.
El plan de deportación también ha tenido un efecto perjudicial en el bienestar mental de muchas personas a las que el gobierno se dirige. Ha provocado que las personas experimenten miedo, confusión, incertidumbre sobre su seguridad y pérdida de esperanza. Estas condiciones han exacerbado las ya existentes, como la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático.
"El análisis demuestra cómo, incluso sin que se produzcan expulsiones, la Asociación para la Migración y el Desarrollo Económico ya está teniendo un profundo impacto en las personas afectadas por ella, incluidas las que siguen detenidas indefinidamente a la espera de ser expulsadas a Ruanda", señala el informe.
En abril, el gobierno del Reino Unido impulsó un plan muy controvertido por el que se enviaría a los solicitantes de asilo en un viaje de ida a Ruanda.
El plan suscitó críticas en todo el Reino Unido, por parte de los partidos de la oposición y de las organizaciones de derechos humanos, así como de la comunidad internacional, que lo criticó.
El nuevo plan de asilo se ha enfrentado a acciones legales y el primer vuelo del gobierno a Ruanda fue cancelado por una sentencia judicial de última hora en junio.
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