La misión de la ONU en Sudán del Sur afirmó que más de 170 personas fueron asesinadas y 131 mujeres, incluidas niñas, fueron violadas entre febrero y mayo en el estado de Unidad, informa Anadolu News Agency.
Un informe conjunto publicado por la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó violaciones, abusos del derecho internacional de los derechos humanos y graves violaciones del derecho internacional humanitario en el estado de Unidad.
Las violaciones se cometieron durante los combates entre las fuerzas conjuntas del gobierno y las milicias y grupos armados afiliados, por un lado, y elementos del Movimiento Popular de Liberación de Sudán/Ejército en Oposición (SPLM/A-IO (RM)) -leales al primer vicepresidente, Riek Machar-, por otro. El informe, que abarca el periodo comprendido entre el 11 de febrero y el 31 de mayo, se basa en 32 misiones de verificación realizadas por la UNMISS en los condados de Koch, Leer y Mayendit y en las zonas vecinas, y señala que en cuatro meses murieron 173 civiles en el Estado sureño. También se afirma que las hostilidades afectaron al menos a 28 aldeas y asentamientos, y que unos 12 residentes resultaron heridos y 37 mujeres y niños fueron secuestrados.
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"Muchos de los secuestrados fueron sometidos a violencia sexual, incluyendo niñas de tan sólo ocho años y una niña de nueve años que fue violada en grupo hasta la muerte. Se documentaron un total de 131 casos de violación y violación en grupo. Aproximadamente 44.000 civiles fueron desplazados de al menos 26 pueblos", dijo. La misión de la ONU identificó a las fuerzas conjuntas del gobierno y a las milicias y grupos aliados que al parecer operaban bajo el mando de funcionarios de los condados de Koch y Mayendit como los principales autores de las violaciones y los abusos. El SPLM/A-IO (RM) también perpetró ataques en Mirmir Payam, en el condado de Koch: "Las violaciones de los derechos humanos se cometieron con impunidad. El gobierno tiene la obligación, en virtud del derecho internacional, de proteger a los civiles, investigar las denuncias de violaciones de los derechos humanos y hacer que los presuntos autores rindan cuentas de acuerdo con las normas sobre juicios justos", declaró el Representante Especial del Secretario General (RESG) y Jefe de la UNMISS, Nicholas Haysom.
El gobierno y el SPLA-IO aún no han hecho declaraciones sobre el informe.
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