Dos expertos de la ONU han pedido a las autoridades tunecinas que dejen de acosar a los jueces que ejercen su derecho de reunión pacífica.
En una declaración conjunta emitida por el relator especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Diego García-Sayan, y el relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletossi Voule, se afirma: "Hemos recibido informes de que las mismas páginas de redes sociales han estado acosando a los jueces durante varios meses".
La Inspección General del Ministerio de Justicia citó al juez Anas Al-Hammadi en cuatro ocasiones entre julio y agosto, según el comunicado, y añadió que el 17 de agosto se le informó de "la intención del fiscal de acusarle de interferencia y obstrucción a la administración de justicia".
"Los cargos están relacionados con su supuesta "incitación" a la huelga", explicaron.
Al-Hammadi es el presidente de la Asociación de Jueces de Túnez y uno de los que rechazaron las decisiones adoptadas por el presidente Kais Saied, incluida la disolución del Consejo Judicial Supremo en febrero.
El comunicado también expresa su preocupación por estas medidas, que "constituyen represalias contra el juez Hmedi por ejercer sus derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación."
"De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, los miembros del poder judicial son, al igual que los demás ciudadanos, titulares de la libertad de expresión, asociación y reunión", añadieron.
"Estos actos de acoso denunciados contra miembros de la judicatura tienen lugar en el contexto de un estado de excepción en curso en el país proclamado por el presidente en julio de 2021."
"Instamos al Gobierno a poner fin a las medidas de emergencia y excepcionales y a detener todas las restricciones indebidas al ejercicio legítimo de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación."
Las autoridades tunecinas no emitieron un comentario inmediato sobre las declaraciones, que suelen negar.
Desde el 25 de julio de 2021, Túnez ha sido testigo de una grave crisis política cuando Saied impuso medidas excepcionales, como la destitución del gobierno y el nombramiento de uno nuevo, la disolución del parlamento y del Consejo Judicial Supremo y la promulgación de leyes mediante decretos presidenciales.
Las fuerzas tunecinas consideran estas medidas como un "golpe de Estado contra la Constitución", mientras que otros las ven como "una corrección del rumbo de la revolución de 2011." Saied, que comenzó un mandato presidencial de cinco años en 2019, dice que tomó las medidas "en virtud de las disposiciones de la Constitución para proteger al Estado de un peligro inminente."
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