El Partido del Trabajo de Túnez anunció el viernes que las leyes nº 54 y 55 son "fascistas y constituyen una grave amenaza" para las aspiraciones de libertad y democracia del pueblo.
El partido afirmó que las dos leyes "no tienen ninguna legitimidad" porque se basan en una "Constitución ilegal".
La declaración explicaba que la Constitución "fue elaborada sobre la base del golpe del presidente Kais Saied contra su gobierno y el parlamento para hacerse con el poder y consolidar un programa que no es ni nacional, ni popular, ni democrático".
La Ley nº 54, promulgada el 13 de septiembre, se refiere a la lucha contra los delitos relacionados con los sistemas de información y comunicación.
La ley consta de 38 artículos divididos en cinco capítulos. En ellos se estipulan severas penas de prisión que van de tres a seis años y multas de entre 20.000 y 60.000 dinares (unos 6,8 y 18.000 dólares) contra los autores de prácticas tipificadas como delito, según la nueva ley.
Según la nueva ley, crear y promover rumores y noticias falsas, publicar documentos irreales o falsificados y exhibir contenidos pornográficos dirigidos a los niños se consideran un "delito castigado por la ley".
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La Ley nº 55, promulgada el 15 de septiembre, también se centra en la modificación de la ley electoral para adoptar el sistema de voto individual y redistribuir las circunscripciones.
El partido explicó que el presidente Saied "está aprovechando las dificultades de vida que vive la inmensa mayoría del pueblo tunecino para aprobar un conjunto de leyes coercitivas que consolidan su visión única de la gobernanza y del Estado".
El partido hizo un llamamiento a todas las fuerzas progresistas de partidos, asociaciones, sindicatos y personalidades para que "Darse cuenta del peligro del ataque populista fascista, que devuelve a Túnez a un pasado lejano gobernado por el tribalismo y la influencia de los individuos, y que socava gravemente los avances logrados por la sociedad".
Túnez vive una crisis política desde el 25 de julio de 2021, cuando el presidente Saied impuso medidas excepcionales, como la disolución del Parlamento y del Consejo Judicial Supremo, la promulgación de leyes mediante decretos presidenciales y la adopción de una nueva Constitución para el país el 25 de julio.
Las fuerzas políticas lideradas por el Movimiento Ennahda consideran estas medidas un "golpe de Estado contra la Constitución de 2014 y una consolidación de un régimen individual absoluto", mientras que otras fuerzas las consideran una "corrección del rumbo de la revolución de 2011", que derrocó al régimen del presidente Zine El Abidine Ben Ali.
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