Unas 820 personas, incluidos políticos, han sido imputados en el caso del envío de yihadistas a Siria, según informó ayer un funcionario judicial de Túnez.
El portavoz oficial del Tribunal de Apelación de la capital, Habib Tarkhani, añadió que es probable que la cifra aumente.
El presidente del Movimiento Ennahda, Rached Ghannouchi, su adjunto y ex primer ministro tunecino Ali Laarayedh, y otros diputados de Ennahda han sido investigados en el caso. Todos ellos han sido puestos en libertad a la espera de que concluyan las investigaciones.
Sin embargo, la Fiscalía recurrió la decisión del juez de dejarlos en libertad.
En 2017, el gobierno estimó que alrededor de 3.000 tunecinos habían viajado para luchar en zonas de conflicto en el extranjero, la mayoría con destino a Siria. Los informes internacionales elevan la cifra.
En ese momento, el Ministerio del Interior dijo que unas 800 personas habían regresado a Túnez.
La Ley Antiterrorista y contra el Blanqueo de Capitales, que Túnez promulgó en 2015 para cumplir con las normas europeas, permite perseguir en Túnez a los implicados en actos terroristas en el extranjero.
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