En noviembre, jefes de Estado, ministros, periodistas y activistas se reunirán en la ciudad turística egipcia de Sharm El-Sheikh, en el Mar Rojo, para la cumbre de la ONU sobre el cambio climático, la COP27. La preocupación por el papel que desempeñará la sociedad civil es generalizada.
"Cuando se celebra en un país como Egipto, donde existe una grave crisis de derechos humanos desde hace 10 años, existen serias dudas sobre la participación efectiva de los distintos actores de la sociedad civil", afirma Amr Magdi, investigador principal de la División de Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch.
En su intervención de ayer en un seminario web de Human Rights Watch, Magdi añade que, desde su llegada al poder, el presidente de Egipto, Abdel Fattah Al-Sisi, ha puesto en marcha una "represión generalizada de la disidencia en todo el país", aunque no ha tenido que rendir cuentas.
"Estamos especialmente preocupados por el espacio de las protestas", dice Magdi. "[El ministro de Asuntos Exteriores] Sameh Shoukry dijo a AP que el gobierno va a designar un lugar junto al espacio de la conferencia para aquellos que quieran protestar, pero esto no cumple con las garantías significativas sobre las protestas pacíficas, libres e independientes".
En cuanto a si se producirán manifestaciones en el resto del país al mismo tiempo que la cumbre: "Es difícil saberlo. La sociedad egipcia ha sido severamente reprimida en los últimos años. Pero en este ambiente severo es como una olla hirviendo, ha habido eventos como en 2019 y 2020 donde estallaron algunas protestas populares."
"Ha habido esfuerzos de solidaridad. Vemos en Twitter que activistas creíbles dan la voz de alarma, no es fácil saber qué va a pasar y si va a haber. Pero existe el miedo a las represalias. Esta es una de las mayores preocupaciones y lo que es probable que ocurra".
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Los grupos de derechos también están preocupados por el acceso a la cumbre, por si se concederán visados a los activistas y por el grado de vigilancia de los participantes.
Durante la Cumbre Africana de 2019 en El Cairo, los participantes se quejaron de que les seguían y registraban sus habitaciones, dice Magdi. A varios activistas africanos se les negó el visado o se les concedió muy tarde, por lo que no pudieron hacer los preparativos para asistir.
Desde Uganda, la activista por la justicia climática, Patience Nabukalu, dijo que el elevado precio del alojamiento y el transporte es lamentable, ya que restringe la asistencia de los defensores y promotores del clima.
"¿Es una reunión para hombres de negocios?" pregunta Patience. "¿O una conferencia de acuerdos económicos? ¿Dónde están las víctimas de la crisis climática?".
"La mayoría de los jóvenes de Uganda ni siquiera saben que se celebran este tipo de eventos, aunque están ocupados en sus comunidades luchando contra el cambio climático. Es imperativo que creemos una plataforma con personas de todos los ámbitos para que tengan su oportunidad de compartir sus opiniones".
"Una plataforma como la COP27 no da a estas personas la oportunidad de venir a contar sus historias, y sin embargo son las más afectadas".
Egipto será el próximo anfitrión de la COP27 mientras es una de las naciones más contaminantes - Caricatura [Sabaaneh/Monitor de Oriente]
"Hay algunas cuestiones medioambientales que se consideran seguras, y el gobierno egipcio animará a los grupos ecologistas a hablar de ellas. Prioridades gubernamentales preconcebidas", explica el director de la división de medio ambiente de Human Rights Watch, Richard Pearshouse.
"Estas cuestiones medioambientales seguras giran en torno al reciclaje, a la tecnología verde, a la financiación internacional del clima. Dentro de eso, hay espacio para que los grupos ecologistas trabajen y hay una narrativa gubernamental establecida en la medida en que estos temas coinciden con otros más sensibles, es cuando el gobierno no será tolerante con las opiniones disidentes".
Estas cuestiones medioambientales delicadas están relacionadas con la industria turística y las empresas asociadas a los militares o de su propiedad, o todo lo relacionado con los proyectos de infraestructuras nacionales, especialmente la nueva capital administrativa.
"Así que en términos de cómo se está posicionando el gobierno, se está posicionando para permitir formas muy particulares de ecologismo, que generalmente son bastante suaves y están en línea con la propia agenda del gobierno. Y todo lo que es más controvertido, sobre todo en términos de negocios o proyectos de infraestructura residencial, esperaríamos que no hubiera absolutamente ningún espacio para una conversación alrededor".
Amr Magdi añade que existe una represión contra los grupos ecologistas y las ONG, que han dejado de realizar investigaciones por temor a las represalias. En un informe reciente, HRW afirma que el gobierno egipcio ha "restringido gravemente" la labor de los grupos ecologistas que trabajan para proteger el entorno natural del país.
"La crisis climática es una crisis de derechos humanos en todo el mundo", afirma Katharina Rall, investigadora principal sobre medio ambiente y derechos humanos de HRW. "Para que la COP27 tenga éxito en Egipto, no es posible sin el respeto a los derechos humanos".
"Hablamos también del respeto a los derechos humanos en las salas de negociación y en la sede, del acceso de los observadores y también de las decisiones que se toman en la COP".
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