Amnistía Internacional ha pedido el viernes a las autoridades libanesas que dejen de aplicar un plan de repatriación involuntaria de refugiados sirios a su país, tras las declaraciones de las autoridades de reanudar su deportación en tandas a partir de la próxima semana.
Tras el estallido del conflicto en la vecina Siria, Líbano se convirtió en destino de cientos de miles de sirios que huyeron de sus hogares al intensificarse los combates. Las autoridades estiman que hay más de 1,5 millones de refugiados en su territorio, mientras que el número de los registrados en Naciones Unidas supera los 830.000.
La directora adjunta en funciones de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, Diana Semaan, declaró lo siguiente "Las autoridades libanesas están ampliando los llamados retornos voluntarios, un plan que lleva cuatro años en marcha, cuando está bien establecido que los refugiados sirios en Líbano no están en condiciones de tomar una decisión libre e informada sobre su retorno debido a las políticas restrictivas del gobierno en materia de circulación y residencia, a la discriminación rampante, a la falta de acceso a servicios esenciales, así como a la falta de disponibilidad de información objetiva y actualizada sobre la situación actual de los derechos humanos en Siria."
"Al facilitar con entusiasmo estos retornos, las autoridades libanesas están poniendo a sabiendas a los refugiados sirios en riesgo de sufrir atroces abusos y persecuciones a su regreso a Siria", añadió.
El presidente libanés, Michel Aoun, anunció el miércoles que "el retorno de los desplazados sirios a su país" comenzará la próxima semana.
Desde que el ejército del régimen sirio recuperó el control de la mayor parte del país, algunos países han impulsado la deportación de los refugiados de sus territorios con el pretexto de que la intensidad de los combates ha disminuido. Sin embargo, el cese de los combates, según los derechos humanos y las organizaciones internacionales, no significa que el regreso de los refugiados sea seguro, teniendo en cuenta las decrépitas infraestructuras, las difíciles condiciones económicas y las persecuciones de seguridad.
En Líbano, las presiones sobre los refugiados sirios incluyen toques de queda, detenciones, racismo, deportaciones, redadas y restricciones en los procedimientos de residencia.
Durante años, las autoridades han considerado el expediente de los refugiados como una carga y creen que su presencia ha contribuido a acelerar y agravar el actual colapso económico del país desde 2019.
Desde 2017, la Seguridad General libanesa organiza operaciones de retorno masivo, que califica de "voluntarias", a partir de más de 400.000 refugiados devueltos a Siria, según sus datos. Sin embargo, las organizaciones humanitarias creen que el número de retornados es mucho menor y han documentado casos de deportación "forzada".
El Director General de Seguridad Pública, Abbas Ibrahim Al-Khamis, dijo que la reanudación del proceso de devolución de refugiados se llevaría a cabo según el mismo mecanismo utilizado anteriormente, y señaló que el próximo lote incluirá a 1.600 personas. Explicó que la parte libanesa sigue esperando la respuesta de las autoridades sirias para decidir las fechas de su regreso.
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