Un alto funcionario de Sudán del Sur desmintió el lunes un reciente informe según el cual la corrupción había privado a las comunidades vulnerables de alimentos, combustible y medicinas que debían adquirirse a través de una línea de crédito de mil millones de dólares, informa la Agencia Anadolu.
En declaraciones a la Agencia Anadolu, el ministro de Información, Michael Makuei Lueth, dijo que las acusaciones del informe, publicado por el grupo de defensa con sede en Estados Unidos, The Sentry, eran parciales.
"Se trata de un informe sin fundamento de The Sentry y conocemos muy bien su posición. Ellos son los que trabajan por el cambio de régimen, que no han conseguido", dijo Lueth.
El informe no hace ninguna afirmación nueva, dijo, argumentando que las acusaciones eran similares a las realizadas en informes anteriores de la organización que los funcionarios ya abordaron.
"Sólo quieren empañar la imagen del gobierno de Sudán del Sur por la razón que ellos conocen", añadió Lueth.
El informe, publicado el 5 de octubre, denunciaba que altos funcionarios de la nación del este de África robaron a las comunidades vulnerables una línea de crédito por valor de unos 1.000 millones de dólares destinada a alimentos, combustible y medicinas.
"La investigación de tres años de The Sentry sobre el programa de cartas de crédito descubrió que se concedieron contratos multimillonarios a empresas dirigidas por extranjeros, empresas que sólo existían sobre el papel y a intermediarios sin experiencia", señaló el informe, añadiendo que entre los beneficiarios de estos contratos había empresas vinculadas a la familia del presidente Salva Kiir y a su círculo íntimo de generales militares.
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Citando documentos oficiales en su investigación, dijo que "parece que no se entregaron productos farmacéuticos, combustible y alimentos esenciales por valor de millones de dólares".
Añadió que, en el momento álgido del programa financiado con créditos, más de dos millones de personas "se quedaron sin alimentos, los hospitales y las clínicas tuvieron que tratar a los pacientes sin medicinas, y la escasez de combustible dio lugar a una subida de precios en el mercado negro".
Ter Manyang Gatwech, activista de derechos humanos y director del Centro para la Paz y la Defensa (CPA), con sede en Juba, dijo que el informe preocupaba mucho a los sursudaneses e instó al gobierno a dar una explicación pública.
"Nuestro gobierno debería contar con personal técnico que pueda estudiar el informe, incluido su contenido, y posteriormente dar una respuesta oficial al dominio público".
"No estoy seguro de si el informe es cierto o no, porque nuestro gobierno no audita los informes de los últimos cinco años", dijo, y añadió que "podemos estar seguros", ya que organismos como la Comisión Anticorrupción "auditan al gobierno".
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