El ex ministro Hatem Ben Salem pidió la formación de un "gobierno de guerra" para salvar a Túnez de la deteriorada situación económica y financiera que atraviesa, mientras que una coalición civil integrada por decenas de asociaciones anunció la formación de un organismo para defender a los manifestantes detenidos por las autoridades. El Partido Destouriano Libre confirmó que el presidente Kais Saied y el ministro del Interior, Taoufik Charfeddine, habían sido acusados de "abuso" de su presidente, Abeer Moussi.
En una declaración radiofónica el martes, Ben Salem dijo que Túnez necesita hoy "un gobierno de guerra que incluya a 15 ministros y dure dos años, durante los cuales presente una hoja de ruta que garantice soluciones para salvar a Túnez de la crisis económica y financiera que atraviesa".
Se dirigió al presidente Saied diciendo: "Hoy tiene usted la oportunidad de comparecer y decir a la gente que la situación es muy difícil y que el gobierno debe ser sustituido, sobre todo porque la crisis económica, financiera y social afecta directamente a la vida cotidiana del ciudadano".
Ben Salem también criticó la actuación del actual gobierno, preguntándose: "En la práctica, ¿qué ha producido y qué ha logrado? Independientemente de los nombres (y no tengo ningún problema con la primera ministra Najla Bouden), pero este gobierno es incapaz de encontrar soluciones prácticas a la crisis del pueblo".
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Consideró que el actual gobierno "no tiene la cualificación para afrontar los grandes retos que vive nuestro país y, normalmente, en todos los países del mundo, el político debe ser el soporte y el ayudante, pero hoy el político se ha convertido en un problema para lo que vive Túnez a nivel económico, financiero y social".
También consideró que el próximo parlamento representará "una farsa en el país y la calidad de las candidaturas creará un gran problema incluso para el Presidente de la República más adelante", pidiendo la rápida formación del Tribunal Constitucional.
Mientras tanto, la Coalición de la Sociedad Civil anunció, el martes, la formación de un comité nacional integrado por periodistas, activistas y abogados "para garantizar el derecho a la defensa de los imputados y los detenidos tras los movimientos de protesta" con la organización de una protesta sobre el terreno el 2 de noviembre próximo, como expresión del rechazo a "la política adoptada por la autoridad para garantizar la impunidad de todos los agresores".
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